El organismo debía estar en funcionamiento desde hace más de dos años, como parte del acuerdo de solución amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Amanda Encaje. La Ley fue sancionada en 2021, pero la implementación sigue demorada.
Casi cuatro años después de la sanción de la Ley 3413-J, que creó la figura del Defensor Público de Víctimas en el Chaco, el gobierno provincial continúa incumpliendo su implementación. La medida forma parte del acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del caso de Amanda Graciela Encaje, asesinada en 1992 en Resistencia, cuya causa permanece impune.
El asesinato de Amanda Encaje, empleada de la empresa Supercemento S.A., conmocionó a la provincia. Su cuerpo fue hallado junto a Néstor Vivo, director de la firma, en circunstancias que evidencian tortura, violencia sexual y posible encubrimiento por vínculos entre el poder económico y político local. La causa fue cerrada por prescripción sin imputados, lo que motivó la presentación internacional.
En 2021, tras un proceso de negociación, el Estado argentino firmó un acuerdo ante la CIDH comprometiéndose, entre otras medidas, a crear seis cargos de Defensor Público de Víctimas con sede en diferentes circunscripciones judiciales. Su objetivo es garantizar el acompañamiento y patrocinio jurídico gratuito a personas en situación de vulnerabilidad afectadas por delitos graves.
Sin embargo, pese a que la ley fue sancionada el 7 de julio de 2021 por la Legislatura provincial, y aunque se estableció un cronograma para su implementación progresiva entre 2022 y 2024, las defensorías siguen sin funcionar. Así lo advierte la última ficha de seguimiento publicada por la CIDH, donde se consigna que este punto del acuerdo presenta un “nivel de cumplimiento parcial sustancial”.
“Una vez más”
Desde la Defensoría General del Poder Judicial, la titular Alicia Alcalá reiteró recientemente su pedido al gobernador Leandro Zdero para que se activen los mecanismos administrativos y presupuestarios necesarios. “Le solicito respetuosamente —una vez más— se arbitren los medios que fueran necesarios para poner en funcionamiento las Defensorías de las Víctimas creadas por Ley 3413-J”, expresó la funcionaria en un oficio enviado el 15 de mayo, luego de conocer el informe de la Comisión.
La ley establece con claridad las funciones de estos nuevos magistrados del Ministerio Público de la Defensa: asistir técnica y jurídicamente a víctimas de delitos en procesos penales, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad o con escasos recursos. Sin embargo, hasta el momento, no se ha designado a ninguno de los seis defensores previstos.
Durante 2023 y 2024, se sucedieron múltiples reuniones entre representantes del Estado, peticionarios del caso Encaje y la Defensoría General, sin resultados concretos. Incluso, en julio del año pasado, el presupuesto provincial incluyó los recursos necesarios para la puesta en marcha de las oficinas, pero su ejecución quedó estancada.
En agosto de 2024, una reunión en Casa de Gobierno pareció marcar un punto de inflexión. Allí, funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia se comprometieron a agilizar los trámites pendientes. No obstante, a la fecha, no hay avances efectivos en la designación ni en la apertura de las defensorías.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistieron en que el Estado debe brindar información actualizada y relevante sobre las acciones que lleva adelante para cumplir con sus compromisos. Mientras tanto, los familiares de Amanda Encaje siguen esperando justicia y reparación.
