El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó la absolución de un comerciante de Juan José Castelli al que le habían secuestrado más de dos kilos de marihuana en un allanamiento de Gendarmería Nacional tras una denuncia anónima. El tribunal coincidió con el Ministerio Público Fiscal y determinó que el acusado actuó sin dolo, convencido de que formaba parte de un emprendimiento autorizado de cannabis medicinal. Además, la sentencia ordenó investigar la presunta faltante de parte del dinero incautado durante el allanamiento de Gendarmería Nacional y que fuera denunciada por el imputado durante su declaración indagatoria ante el tribunal de juicio.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió este miércoles a un comerciante que había sido imputado por presunta siembra y comercialización de marihuana en Juan José Castelli.
En una sentencia dictada este miércoles, a la que tuvo acceso LITIGIO, el juez de cámara Juan Manuel Iglesias se basó en el beneficio de la duda y en el retiro de la acusación por parte de la fiscalía, al comprobarse que el acusado actuaba bajo la legítima creencia de participar en un proyecto legal de cannabis medicinal ligado a las normativas del INASE.
El caso se había iniciado en marzo de 2024, cuando la División Antidrogas de Gendarmería Nacional allanó la vivienda del imputado a raíz de una denuncia anónima recibida por correo electrónico. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron 329 plantines, 223 plantas desarrolladas de cannabis y ramas secas (que arrojaron un peso de poco más de dos kilogramos de marihuana), además de aceites, cremas, un teléfono celular y dinero en efectivo. Durante el juicio, el comerciante procesado sostuvo firmemente su inocencia, explicando que se desempeñaba como encargado del vivero bajo una relación contractual con un productor de La Plata.
El organizador del proyecto, anotado debidamente ante los organismos reguladores para la investigación de fitomejoramiento, ratificó la existencia de dicho vínculo comercial, aunque aclaró que tiempo después decidió no avanzar con la iniciativa debido a que el lugar no prosperó con las condiciones adecuadas. Dado que el imputado nunca fue notificado de que el proyecto se había discontinuado, consideró de buena fe que su actividad se mantenía plenamente vigente y en regla.
Al momento de los alegatos, el Ministerio Público Fiscal repasó los elementos de prueba y consideró verosímiles los dichos del acusado. La fiscalía criticó la investigación previa, señalando que la fuerza de seguridad se limitó a reproducir antecedentes del comerciante sin profundizar en la verificación de los hechos actuales ni en el marco legal del Reprocann y el INASE que habilitaban el cultivo.
Ante la falta de pruebas que demostraran dolo o intenciones comerciales ilegales, el fiscal solicitó la absolución por el beneficio de la duda, postura a la que adhirió la defensa técnica. Finalmente, la sentencia judicial ordenó hacer lugar al retiro de la acusación fiscal y absolver de culpa y cargo al comerciante. Asimismo, el magistrado dispuso la posterior destrucción del material vegetal incautado y la devolución del teléfono y el dinero secuestrado una vez que el fallo quede firme.
En esa misma línea, el tribunal ordenó enviar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para investigar penalmente una presunta faltante de dinero del secuestro original que fuera denunciada públicamente por el propio imputado durante la audiencia de debate.
REVISTA LITIGIO
