La provincia se hará cargo del financiamiento, la conservación y las obras en cinco rutas nacionales estratégicas, en el marco de la política de traspaso de corredores a los distritos.
En el marco del plan para delegar la gestión de rutas nacionales a las provincias, el Gobierno firmó este lunes un convenio con San Juan.
Se trata de la segunda provincia a la que se le traspasan estas funciones, después de un primer acuerdo similar rubricado con Santa Fe.
El convenio fue firmado este lunes por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.
De acuerdo con lo firmado, San Juan se encargará a partir de ahora del financiamiento, la conservación, el mejoramiento, el mantenimiento y la ejecución de obras en cinco rutas nacionales. Las arterias incluidas son las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones puntuales en el Nudo Vial que conforman las rutas 40 y A014.
Se trata de un conjunto de corredores clave para la conectividad interna de la provincia y su vinculación con otras regiones del país.
El encuentro se realizó en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada.
Participaron también el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann, y el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy. Por parte de San Juan, estuvo presente el ministro de Infraestructura, Agua y Energía provincial, Fernando Perea.
El convenio tiene una vigencia de veinte años. Establece que las rutas continuarán integrando la Red Vial Nacional, es decir, que San Juan no adquiere su titularidad, sino que asume funciones de administración y obra.
Una vez finalizadas, las intervenciones ejecutadas por la provincia pasarán a formar parte del patrimonio de Vialidad Nacional.
El paso con San Juan se da en el marco del decreto que habilitó a las provincias a asumir funciones sobre tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus jurisdicciones.
La norma permite a los gobiernos provinciales encargarse de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de esos corredores. Para eso, es necesario que exista un convenio previo con la Dirección Nacional de Vialidad y la aprobación de la Secretaría de Transporte.
Este tipo de acuerdos se inscribe en la política más amplia que impulsa el Ministerio de Economía para reactivar la infraestructura vial del país. Esa estrategia combina el traspaso de rutas a las provincias con la licitación de nuevas concesiones a privados.
El objetivo declarado por el equipo económico es atraer inversión para mejorar los corredores sin recurrir al esquema tradicional de obra pública financiada íntegramente por el Estado nacional.
Con la firma de este lunes, el Gobierno busca profundizar el vínculo con las provincias que reclaman mejoras en sus rutas. El paso se da en momentos en que sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos presionan por una mejor conectividad logística en sus regiones productivas.
