El acuerdo extrajudicial firmado entre la Bolsa de Comercio y el municipio de Sáenz Peña no solo es difícil de explicar en términos legales y comunicacionales. Es, directamente, la firma de su acta de defunción.
El gobierno de Leandro Zdero no improvisó. Primero destruyó la imagen de la Bolsa ante la sociedad y, sobre todo, ante los inversores. Utilizó toda la estructura de medios paraestatales para erosionar la confianza.
Después avanzó en silencio: contactos directos, uno por uno, ofreciendo mejores condiciones desde Nuevo Chaco Bursátil.
El resultado fue inmediato: la confianza se desplomó.
Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es lo que pasó adentro.
Según información en off aportada por integrantes de la comisión directiva de la Bolsa, hubo miedo.
Miedo a la presión política.
Miedo a la avanzada judicial.
Miedo a hasta dónde podía llegar el poder para proteger al clan Cipolini.
Y en ese contexto, directivos sin estrategia ni conducción terminaron cediendo. Firmaron.
Ese acuerdo corrió como un reguero de pólvora entre los inversores.
Porque ya había señales previas imposibles de ignorar.
Casos como Estancia Real y Médula no debieron haber sido admitidos, porque el scoring no les daba.
Más allá de que, en el mundo financiero, muchos saben que las carpetas se pueden “inflar” y que las calificaciones pueden maquillarse, como lo resumió un financista con experiencia:
“En el Chaco nos conocemos todos…”.
Esa fue la primera red flag.
Pero lo que vino después fue definitivo.
Hoy, para la sociedad, la lectura es clara:
la municipalidad movió fondos sin autorizaciones.
Autorizaciones que debían provenir del órgano legislativo, tal como exigen tanto la Comisión Nacional de Valores como el Banco Central para la apertura y operatoria de cuentas.
Además, están las comisiones cobradas por Landricina, que es una persona políticamente expuesta.
Comisiones que eran compartidas con la propia Bolsa (algo normal).
Y ahí aparece otro problema central: la obligación de reportar operaciones vinculadas a personas políticamente expuestas (PEP).
No es opcional.
Es una norma básica.
Si no, que le pregunten a la escribana vinculada a Adorni.
En ese contexto, la firma del acuerdo no hizo más que consolidar la peor lectura posible:
para los inversores, la Bolsa pasó de ser víctima a ser parte del problema y, como lo dijimos hace un tiempo —lástima que no nos leyeron—, dijimos que iban a ser el chivo expiatorio, porque bien dijeron en el gobierno: “¿qué nos importa un grupo de ricachones ex COQUISTAS del primero al último?”.
En paralelo, el frente judicial se está moviendo. El fiscal Sabadini necesita avanzar fuerte con esta causa.
Según fuentes cercanas a la fiscalía, existe la expectativa de llevar a varios de la comisión y de la gerencia PUESTOS y cobrar jugosas multas, en un intento también de recuperar una imagen golpeada del fiscal por causas sin avances y por figuras que parecían culpables pero terminaron sin condena, digamos Aída y Horacio.
Y hay algo más que los directivos deberían entender:
el gobierno no va a mover un dedo para salvarlos. No los quieren, más allá de que varios de los que están sentados en la mesa pusieron plata en la campaña de Zdero y, después del 10 de diciembre, ya no vieron la foto de perfil del gobernador.
Porque políticamente, el daño ya está hecho. Y el objetivo también.
Por eso, lo firmado no fue una salida. Fue una rendición.
Y en este caso, una rendición total:
ante el poder político… ante la opinión pública y ante la justicia.
El resultado ya está a la vista: pérdida de confianza, fuga de inversores y una institución que, para muchos, hoy la están velando.
La sentencia no la va a dictar un juez.
Ya la dictó el mercado
