Es que la combinación del recorte de fondos nacionales, el aumento en la tarifa plana y la falta de respuestas oficiales han dejado a miles de usuarios sin una cobertura adecuada al regreso del receso escolar y laboral. Al final, aquella profesía del peronismo sobre lo negativo que podría ser la retirada del Estado en sectores como el transporte público -que el sector libertario denominaba “campaña del miedo”- terminó cumpliéndose.
La crisis comenzó una vez asumieron Leandro Zdero en la provincia y Javier Milei en la Nación. Ahí fue cuando se suspendieron los subsidios al transporte público que, si bien era criticable por la presión que ciertas empresas ejercían para aumentar sus márgenes de ganancia, era una política de Estado que permitía a cientos de trabajadores puedan moverse por no más de 500 pesos por día. El boleto pasó de $85 a fines de 2023, a $1885 en 2026, lo que significa que un trabajador debe contar con $4000 aproximadamente por día. Obviamente, esto impactó negativamente en la demanda del servicio que, según las empresas se redujo entre un 40% y un 60%.
Como consecuencia, la flota de colectivos se redujo un 38%, funcionando actualmente con tan solo 165 colectivos en circulación, por lo que los recorridos ahora son cada 20 o 30 minutos, y no cada 10.
Todo este contexto produjo que recorridos de la Línea 2 y el ramal 106 B-C quedaron interrumpidos. Así, zonas periféricas, entre ellas el barrio Carpincho Macho de Fontana, y el barrio Los Milagros de Barranqueras, han perdido la cobertura directa. Con la reanudación de las clases tras las vacaciones de invierno, estudiantes y trabajadores deben caminar más de 20 cuadras para acceder a un colectivo y cumplir con sus obligaciones.
SIN RESPUESTA OFICIAL
Antes del receso invernal, la Comisión de Industria, Comercio y Defensa del Consumidor, Transporte y Comunicaciones de la Legislatura provincial —presidida por los diputados Katia Blanc del Frente Renovador y Luciano Mosser del Frente Chaqueño— convocó a las partes involucradas para abordar la problemática.
Durante el encuentro del pasado 15 de julio, Roberto Larrea, representante de la Cámara de Empresas de Transporte Automotor del Chaco (CETACH), advirtió que el sector atraviesa una crisis estructural severa provocada por la quita de subsidios nacionales y la caída de usuarios.
En su exposición ante los legisladores, Larrea detalló que aunque la tarifa técnica aprobada en audiencia pública fue de $2.900 en diciembre, el costo real considerado ronda actualmente los $4.500 por pasajero. En la tarifa plana actual de $1.885, el Estado provincial aporta $1.040 y fracción por pasaje, mientras que el resto lo asume el usuario.
Se refirió, además, a la Resolución 810 de la Secretaría de Transporte de la Nación, en la que el Gobierno Nacional congeló los aportes calculados sobre la base de la tarifa de junio. Si las jurisdicciones del interior aumentan el boleto, el aporte federal no se incrementará, profundizando la diferencia con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Por otra parte, Larrea indicó que desde 2024 se registra un descenso constante de pasajeros. Para 2025 se consolidó una pérdida general del 36% en el sistema, registrando una baja cercana al 56% en la tarifa plana. A lo que se suma que el 71% de los pasajeros cuenta con beneficios sociales o esquemas de gratuidad como el boleto estudiantil gratuito que es un gasto que cubre el Gobierno provincial pero a veces, ese pago suele demorarse hasta tres meses. Finalmente, hay un 11% de la demanda viaja bajo esquemas de gratuidad sin que las empresas reciban compensación alguna por ello.
De esta manera, a inicios de 2024, el Estado cubría el 80% de los costos y la tarifa el 20%. En la actualidad, la ecuación se invirtió: cerca del 60% proviene de la recaudación por tarifa (plana, atributos sociales y boleto estudiantil) y solo el 40% lo aporta el Estado. Eso demuestra una política de Estado inexistente en materia de acceso al transporte público como derecho básico igualador, principalmente del Gobierno provincial.
En este punto es importante recordar que el subsecretario de Transporte de la provincia, Rodolfo Picaluk, fue convocado a la misma comisión que Larrea para brindar explicaciones y detallar las medidas del Poder Ejecutivo para resolver esta situación. Sin embargo, el funcionario no asistió a la primera reunión, solicitó una segunda audiencia y tampoco se presentó, dejando al ámbito legislativo sin respuestas sobre las acciones que tomará el gobierno para respaldar a empresas y usuarios. Tampoco los legisladores de la oposición que forman parte de la Comisión de Industria, Transporte y Comunicaciones de la Legislatura propusieron alternativas ni se ofrecieron como intermediarios para abrir una canal de diálogo entre las empresas, el Estado y la Legislatura.
UN SISTEMA DESTROZADO
En diálogo con EsChaco, el diputado provincial Santiago Pérez Pons —exministro de Economía que impulsó la implementación del sistema SITAM y el Boleto Estudiantil Gratuito durante la gestión previa— analizó la gravedad del panorama.
Pérez Pons señaló que “el transporte público es el servicio más igualador, utilizado exclusivamente por trabajadores y familias que carecen de otro medio de movilidad”. Recordó que anteriormente la provincia y la Nación subsidiaban el 80% del boleto, “garantizando que 50.000 personas pudieran trasladarse diariamente a una tarifa de $85, lo que posicionaba al Gran Resistencia en el lugar 58° entre las tarifas del país, en consonancia con el nivel de los salarios locales”.
Según el legislador, con la quita de subsidios impulsada por el gobierno nacional de Milei y la falta de defensa de los fondos por parte del gobernador Zdero, la cobertura estatal bajó al 30%. Esto provocó un aumento del 2.100% en el pasaje, llevando la tarifa a $1.885 y posicionando al Gran Resistencia como la séptima ciudad con el boleto más caro del país, superada únicamente por destinos turísticos como Pinamar o Bariloche.
Finalmente, advirtió que el incremento provocó que 25.000 personas dejaran de usar el colectivo, provocando que el 35% de las unidades dejen de funcionar y que la mitad de los pasajeros migren a transportes menos seguros que saturan el sistema de salud. “Ante un escenario con empresas en quiebra, trabajadores despedidos y barrios sin servicio, el sistema se encuentra al borde de la desaparición”, vaticinó.
DESPIDOS EN EMPRESAS
A instancias de la audiencia en la Comisión de Industria, Roberto Larrea había deslizado que la situación crítica entraría en una especie de “efecto dominó” debido a que las empresas están en crisis, con procesos de quiebra, reducción de horarios y salarios de trabajadores.
Esta semana, el secretario general de la UTA, Raúl Abraham, confirmó que la empresa ERSA que cubre ramales interurbanos en el Gran Resistencia, envió telegramas de despido a varios trabajadores. “Da mucha bronca porque desde septiembre del año pasado pedíamos que alguien convocara a una mesa de trabajo entre el Gobierno, los empresarios y el sindicato para encontrar una solución. Lamentablemente nadie escuchó esos planteos”, dijo Abraham en declaraciones a una radio local.
