La comunidad universitaria destacó el fallo de la Corte Suprema que ordena al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue ratificada por el Congreso después de ser vetada por el presidente Javier Milei, en el marco del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sector.
En un fallo firmado por los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema declinó una presentación del Gobierno ya que advirtió que no hay una sentencia definitiva. La resolución se refiere a los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen una actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de programas estudiantiles.
La resolución se produjo después de un acuerdo entre la administración libertaria y el sector universitario para incrementar los fondos, que fue firmado el 10 de junio. Aquel entendimiento se trataba de una actualización salarial del 24,33%, un aumento del 20% del monto de los gastos de funcionamiento en las universidades y una suba de $50.000.000.000 para los hospitales universitarios. Por este motivo, el fallo judicial no tendrá un impacto económico que altere las proyecciones del Gobierno.
En tal sentido, la secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Clara Chevalier, remarcó en diálogo con C5N la expectativa del sector y cuestionó al Gobierno: “La comunidad esperaba este fallo con ansias. El Gobierno decidió tomarnos como enemigos y viene atacando a la universidad pública desde que empezó. Tuvimos que construir este artefacto particular, que es la Ley de Financiamiento Universitario, juntando las demandas de todas las partes de la universidad trabajándola en el Congreso”.
También explicó la presentación de las universidades y se refirió al financiamiento. “La cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional propone retrotraer la situación a noviembre de 2023. La cautelar tiene un carácter inmediato y hay que ver cómo procede el Ejecutivo. La ley está vigente. Si bien la Corte no resuelve sobre la cuestión de fondo, la cautelar se inscribe en esa normativa”, expresó.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, remarcó la jerarquía del fallo. “La última instancia es la Corte Suprema, por lo que se terminó. Al Gobierno le queda cumplir con la resolución. Para recurrir a otra instancia, el Gobierno tendría que acudir a un tribunal internacional y demostrar que se violó algún derecho, algo que no ocurrió”, aseveró a C5N.
“El Gobierno tiene que entender que hay que cumplir el fallo y que queremos una relación de cooperación. Esto es un acto de justicia en función de los docentes, no docentes y de los chicos que estudian en la universidad. La ley es clara y no es compleja de cumplir”, enfatizó en esta línea.
En tanto, el estudiante de Periodismo y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, Gonzalo Suárez, remarcó a C5N el rol de la sociedad: “Cuando recibimos la noticia lo celebramos con el puño. En mayo fue la cuarta marcha federal. Más allá del pronunciamiento de la Corte, sabemos que este resultado es por la presión en las calles de los gremios y los sectores que acompañan el reclamo. Esto se ganó en las calles y en la resistencia de las universidades contra este Gobierno que nos desfinancia y nos ajusta”.
“Es muy importante no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación. Pone en evidencia lo relevante que es el ser consecuentes en el camino, firmes, responsables y serios para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina. Mi agradecimiento a la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto que nos sostuvo hasta acá y la convocatoria a seguir. Es un paso más. No llegamos a ningún lado. A seguir trabajando por la universidad que queremos”, subrayó por su parte el presidente del CIN, Franco Bartolacci, en un video en la red social X.
Los sueldos del personal y las becas, aspectos clave de la ley
Asimismo, tras el fallo de la Corte Suprema que hace alusión a los salarios de los docentes como uno de los puntos, Martínez alertó sobre la situación del personal: “La mitad de los no docentes y muchos docentes tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. La pérdida salarial es de alrededor del 50%, que la inflación se lo comió. La situación es muy crítica”.
En esta línea, señaló que varios trabajadores buscan otros ingresos económicos. “Los no profesionales terminan trabajando como choferes de aplicación porque no les alcanza para subsistir. Esto deteriora el servicio de las universidades, aunque se hizo un gran esfuerzo para que no caiga. Esto es un gran estímulo para que las universidades volvamos al trabajo y dar la mejor calidad educativa. El tema de los salarios afecta a una cuestión alimentaria”, marcó.
En tanto, Suárez se refirió a la falta de pago de las becas: “Desde el inicio del cuatrimestre que no se pagó un solo mes de la Beca Progresar. Además, los estudiantes necesitan una actualización. Tener unos mangos más permite cargar la SUBE o desayunar una vez por semana. Cualquier destino de la beca es para solventar alguna urgencia. Nosotros decimos que las universidades no son gratuitas, sino no aranceladas, porque ser estudiante lleva un costo”.
También advirtió por el abandono universitario. “Por la falta de estos apoyos, la deserción estudiantil en la universidad no lo había visto nunca. Eso refiere casi en su totalidad al costo que implica estudiar. Hoy en día, la deserción radica casi en su totalidad al costo económico, como el boleto del colectivo. El transporte es uno de los principales problemas a la hora de sostener las cursadas y ni hablar si se quiere comer o comprar algún apunte”, expresó.
El Gobierno, acorralado tras el fallo de la Corte Suprema
Por otro lado, Chevalier resaltó el revés que sufrió el Gobierno: “Venían desoyendo al Congreso y al Poder Judicial y ahora encontraron un límite sobre un punto de acuerdo que construyó el pueblo argentino, que demostró que quiere un país con educación pública, gratuidad, de calidad y federal. Ahora hay que ver qué postura toman. Hicimos una ley para tratar de obligar al Gobierno a cumplir con lo que marcan las normas del país, como la convocatoria a las paritarias”.
“Al mismo tiempo, los jueces le hicieron saber al Gobierno que no corresponde que la Corte resuelva sobre estas cosas. El Gobierno tuvo procedimientos muy desprolijos e incluso impugnó a los jueces por el carácter de ser docentes universitarios. Los próximos pasos dependerán de los movimientos del Gobierno, aunque tuvimos reuniones para pensar horizontes de acción y seguir trabajando en el reclamo del cumplimiento de la ley”, concluyó sobre la postura del Poder Ejecutivo.
