El fiscal Franco Picardi pidió información sobre supuestas cuentas vinculadas a una exauditora del Banco Central. Intenta reconstruir el recorrido de US$607 millones cuya ubicación aún no logró determinarse.
En medio de la investigación por las presuntas maniobras irregulares vinculadas al acceso a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia comenzó a analizar la posible existencia de cuentas comitentes y billeteras frías que podrían haber sido utilizadas para canalizar parte de los fondos retirados en efectivo por casas de cambio involucradas en la causa.
La hipótesis surge en medio de los interrogantes sobre el destino de unos US$607 millones cuya trazabilidad aún no está clara para los investigadores. En ese contexto, la fiscalía puso la lupa sobre María Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central (BCRA), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en la operatoria.
Fernández tenía entre sus funciones el control de distintos actores que aparecen mencionados en el expediente, entre ellos Francisco Hauque, Elías Piccirillo, Martín Migueles y Juan Agra. Ahora, la Justicia investiga su posible vinculación con la casa de cambio Mega Latina, una de las firmas que aparece en la causa.
Según pudo saber TN, Mega Latina habría retirado en efectivo unos US$237 millones. La principal pregunta de los investigadores es dónde terminó ese dinero. Entre las posibilidades que se evalúan figura que parte de esos fondos hayan sido derivados a cuentas comitentes y posteriormente a billeteras frías vinculadas a criptomonedas.
En ese marco, el fiscal federal Franco Picardi solicitó información sobre supuestas cuentas comitentes asociadas a Fernández. La documentación requerida todavía no llegó a la fiscalía. También habrían sido solicitados datos sobre posibles cuentas comitentes de Hauque, Migueles, Piccirillo y Juan Napoli, vinculado al Banco de Valores.
Qué son las cuentas comitentes y las billeteras frías
Las cuentas comitentes son cuentas especiales utilizadas exclusivamente para operar en el mercado de capitales. Permiten comprar, vender y mantener instrumentos financieros como bonos, Cedears (acciones o fondos) y fondos comunes de inversión. A diferencia de una caja de ahorro tradicional, registran tanto saldos en dinero como posiciones en títulos y otros activos financieros.
La línea investigativa apunta a reconstruir el recorrido que habrían seguido los dólares obtenidos mediante las autorizaciones de importación otorgadas a través del sistema SIRA. La hipótesis que analizan los investigadores sostiene que el circuito comenzaba con el retiro de millones de dólares en efectivo por ventanilla.
Posteriormente, esos fondos habrían sido derivados a cuentas comitentes para operar en los mercados financieros. Desde allí, según la reconstrucción que analiza la Justicia, los dólares pasaban a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación (CCL).
Siempre según esa hipótesis, parte de los fondos terminaba en el mercado informal de cambios y luego regresaba al circuito financiero mediante proveedores de servicios de pago (PSP), que permitían reingresar pesos para adquirir más divisas. Los dólares excedentes, en tanto, habrían sido colocados en billeteras frías y en activos digitales como bitcoin.
La investigación se desarrolla mientras Hauque busca convertirse en imputado colaborador. Su abogado, Carlos Pousa, anunció la intención de acogerse al régimen del arrepentido en caso de que su defendido sea convocado a declaración indagatoria.
En los últimos días, Hauque realizó además una serie de declaraciones públicas vinculadas a la causa. Entre otras afirmaciones, aseguró que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras investigadas y señaló también a la exauditora María Valeria Fernández.
Según sostuvo el financista en declaraciones televisivas, Fernández habría acercado el supuesto “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, exsecretario de Comunicación y Prensa, quien posteriormente lo habría trasladado a Miguel Ángel Pesce, entonces presidente del Banco Central. También afirmó que Alberto Fernández conocía el funcionamiento de la operatoria.
La causa investiga una presunta estructura integrada por empresarios, financistas, intermediarios y funcionarios o personas con llegada a organismos públicos que habrían facilitado el acceso a dólares oficiales mediante autorizaciones de importación. Los investigadores intentan determinar si existió un esquema de pagos irregulares para agilizar permisos SIRA y obtener ganancias a través de la diferencia entre las cotizaciones oficiales y paralelas.
