Fernando Ojeda, cronista del medio TV Local de Colonia Elisa, declaró este viernes como imputado ante el Juzgado de Paz de Margarita Belén. Negó la versión policial donde se lo acusa de “traspasar el perímetro de seguridad del gobernador” y de “insultar a transeúntes”, tildó la causa de “inventada” y denunció humillaciones y tortura psicológica en la comisaría. El informe de la jefa de turno, incorporado al expediente, contradice el relato de lo ocurrido que brindaron públicamente tanto Leandro Zdero como el Jefe de la Policía quienes desligaron el hecho con la actividad gubernamental.
El periodista Fernando Ojeda, demorado en una comisaría por más de siete horas el pasado 13 de mayo en Margarita Belén luego de intentar entrevistar al gobernador Leandro Zdero, declaró este viernes en calidad de imputado ante el Juzgado de Paz y Faltas de esa localidad. En su testimonio, negó haber cometido alguna contravención y calificó de “falsa” la versión policial incorporada al expediente.
La causa, que tramita bajo la presunta infracción al artículo 60 del Código de Faltas provincial (que prevé hasta 30 días de arresto por agresiones, insultos o provocar riñas), exhibe desde el inicio profundas grietas entre lo que la policía asentó en los papeles, lo que las autoridades declararon públicamente y lo que el joven de 25 años vivió dentro de la seccional hasta que recuperó su libertad a la 1 de la madrugada del día siguiente.
“Me esposaron, me humillaron y me obligaron a quedarme en bóxer en la comisaría”, declaró el cronista del medio TV Local de Colonia Elisa ante el juzgado, donde además denunció haber sufrido hostigamiento y violencia psicológica por parte del personal policial.
El relato
El sumario policial que motorizó el expediente lleva la firma de la oficial Paola Soledad Romero, jefa de turno durante el operativo de seguridad preventiva por la visita gubernamental. Según el acta, los uniformados que patrullaban en el móvil PE-147 fueron alertados por una mujer “que no brindó datos personales” sobre un joven con campera azul que presuntamente “intentó pasar el perímetro de seguridad de la custodia del señor Gobernador” y que luego se retiró “vociferando insultos a algunos transeúntes”.
El escrito de la oficial Romero, al que tuvo acceso LITIGIO, detalla que, al aproximarse a Ojeda y ordenarle detener su marcha, el cronista “hizo caso omiso saliendo a correr”, por lo que se inició una persecución a pie. Tras alcanzarlo a los pocos metros, el informe asegura que el joven se tornó “agresivo contra la prevención” —sin especificar en ningún momento en qué consistió dicha agresión— y comenzó a gritar de manera desesperada: “¡Policía, policía, por qué me hacen eso! ¡Ayuda, ayuda, me están pegando vecinos!”. Posteriormente, fue demorado y trasladado a la Comisaría local, previo paso por el hospital.
La grave denuncia de Ojeda
Al cederle la palabra en sede judicial, la declaración de Fernando Ojeda echó por tierra la versión policial y expuso un panorama de hostigamiento institucional: “Todo lo que se dijo es falso, es mentira. Cuando la policía me detuvo sin ningún fundamento, me dejaron sin mis pertenencias, incomunicado y dentro de la comisaría los policías me obligaron a quedarme en bóxer”, disparó el joven ante el juzgado, según la declaración a la que tuvo acceso este medio.
“Después lo psicológico, en todo momento agravios me hacían sentir menos y me humillaron. Yo voy a declarar la verdad, no hubo fundamentos para que me detengan; ya hice trabajos de prensa en la localidad y el día de los hechos de esta causa inventada no pasó nada de lo que ellos dicen”.
Ojeda vinculó de manera directa el accionar policial con su labor de prensa y las preguntas incómodas que le había formulado al mandatario minutos antes respecto a la crisis de agua potable en la localidad, ocasión en la que Zdero lo descalificó tratándolo de “militante kirchnerista”.
“Me decían que no soy periodista, que no soy comunicador, y que muchas personas como yo están presas por estar grabando al gobernador y a otras instituciones”, denunció el trabajador de prensa, quien además recordó que en fechas anteriores ya había incomodado al Ejecutivo en Colonia Elisa al interpelar a Zdero sobre el escándalo de una médica trucha en Quitilipi y el pago de la cláusula gatillo.
El periodista relató también la violencia física del arresto: aseguró que los efectivos no se identificaron, que quien lo redujo vestía un chaleco sin uniforme visible y que una mujer le manoteó el celular haciéndolo caer al piso. “Me mantuvieron esposado… se me arrojaron encima, me torcían los brazos, me pusieron contra el patrullero, me pusieron en la silla y encima se me tira el policía. Fue una tortura psicológica”, concluyó.
Un laberinto de contradicciones
El caso expone un fuerte cortocircuito en el relato oficial y lo que en efecto se menciona en el expediente. Tanto Leandro Zdero como el jefe de Policía, Fernando Romero, aseguraron a los medios que Ojeda no fue detenido por su rol periodístico ni por vulnerar la custodia de seguridad, sino por “insultar a la policía” a 100 metros del club donde se hacía el acto, calificándolo como un hecho completamente ajeno a la agenda de gobierno.
Lejos de buscar apaciguar las aguas ante el generalizado repudio de la comunidad periodística, y más lejos aún de solidarizarse con el cronista violentado, el gobernador ensayó una férrea defensa de su gestión y lanzó acusaciones contra la oposición política, tildándola de portar un “gen golpista”.
“Entiendo que es parte de una campaña estratégica de la oposición de tratar de impedir que no pueda realizar la actividad”, afirmó Zdero el pasado lunes durante una recorrida en Villa Ángela, defendiendo su política de atender a los cronistas únicamente al concluir los actos. “Son golpistas, vienen claramente de incentivar saqueos y así también han producido golpes de Estado en nuestro país; mezclan lo mediático con campañas de desprestigio”, disparó.
La respuesta de los sectores civiles y gremiales no se hizo esperar. La Comisión Provincial por la Memoria Chaco tildó la detención de “arbitraria e ilegal”, advirtiendo sobre un “preocupante retroceso democrático”. En tanto, el Sindicato de Prensa del Chaco denunció que la utilización del Código de Faltas para cercenar la labor de los trabajadores de prensa constituye un “mecanismo de amedrentamiento” propio de épocas dictatoriales. También se sumaron repudios de la Asociación de Medios del Chaco, del Foro de Periodismo Argentino y del Partido Justicialista chaqueño.
REVISTA LITIGIO
