La tercera audiencia convocada por la Corte Suprema terminó sin una propuesta de pago. El gobernador aseguró que se agotó la instancia de conciliación y reclamará el pago de 2,3 billones de pesos por vía judicial, mientras continúa la discusión de fondo.
La tercera audiencia convocada por la Corte Suprema para discutir los fondos que la provincia de Buenos Aires le reclama a la Anses terminó sin acuerdo este miércoles. El gobernador Axel Kicillof aseguró que el Gobierno nacional llegó al encuentro sin la propuesta de adelantos que se había comprometido a presentar y que la administración bonaerense resolvió avanzar con una medida cautelar para reclamar más de $2,3 billones.
“El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, explicó Kicillof al término de la reunión.
La decisión implica un cambio en la estrategia judicial de la Provincia. Aunque la demanda principal seguirá su curso en el máximo tribunal, el Gobierno bonaerense buscará ahora una resolución que obligue a realizar transferencias mientras continúa la discusión sobre el monto definitivo de la deuda.
El reclamo por las transferencias previsionales
La disputa gira en torno de los fondos que la Anses debe transferir a las provincias que mantienen sistemas previsionales propios y no transfirieron sus cajas a la órbita nacional. Buenos Aires integra ese grupo de jurisdicciones y reclama que la Nación incumple con una obligación prevista en la normativa vigente.
Durante una rueda de prensa, Kicillof recordó que la Provincia recurrió a la Corte después de no obtener respuestas durante dos años. Según relató, la intervención del máximo tribunal permitió abrir una instancia formal de negociación entre las partes, aunque las conversaciones no derivaron en una propuesta concreta.
“Hoy veníamos a encontrarnos en esta audiencia porque lo que se comprometió la audiencia pasada era que se iban a tomar un tiempo para venir con una propuesta, como ha pasado con otras provincias, de una transferencia en carácter de adelanto hasta que se terminaran de hacer todos los cálculos”, señaló el gobernador.
Desde la administración bonaerense sostienen que el objetivo era alcanzar un mecanismo transitorio que permitiera comenzar a recibir fondos mientras continuaba la discusión sobre el monto definitivo de la deuda. Además, cuestionan el trato diferente que el Gobierno de Javier Milei tiene con provincias no alineadas con la política libertaria.
La decisión de avanzar por la vía cautelar
La falta de una oferta derivó en que la Provincia decidiera modificar su estrategia judicial. Aunque el expediente principal continuará tramitándose en la Corte Suprema, el Gobierno bonaerense buscará ahora una medida cautelar que ordene transferencias mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Kicillof argumentó que otras provincias ya comenzaron a recibir adelantos en situaciones similares y aseguró que Buenos Aires no obtuvo una respuesta equivalente. “Seguimos con el problema de que no nos transfieren. A otras varias ya les están transfiriendo, así que nosotros decidimos avanzar por la vía cautelar”, afirmó.
El gobernador también señaló que la problemática alcanza a las 13 provincias que conservan cajas previsionales propias, aunque remarcó que algunas jurisdicciones avanzaron más rápido en sus negociaciones con la Nación.
Qué reclama Kicillof
Además de los $2,3 billones que forman parte del reclamo previsional, Kicillof sostuvo que el impacto sobre las cuentas bonaerenses es mayor cuando se incorporan otros conceptos vinculados a transferencias nacionales y a la evolución de la recaudación.
“En nuestro caso, la deuda de la Nación asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”, aseguró.
Según explicó, esa cifra incluye tanto obligaciones que la Provincia considera impagas como recursos que dejaron de ingresar como consecuencia de la caída de la actividad económica.
