“Creo que es muy importante reconstruir con precisión la Masacre de El Zapallar, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron los crímenes, saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes y conocer también el origen y las motivaciones que han conducido a su ejecución”.
LA MASACRE
El 9 de septiembre de 1933, en un contexto de hambruna generalizada, cerca de setenta integrantes de las etnias Qom y Mocoví fueron masacrados por la Policía de Territorios. El trágico suceso se desencadenó cuando las comunidades se concentraron para peticionar alimentos y vestimenta ante las precarias condiciones de vida que atravesaban.
Historiadores chaqueños señalan que la matanza de El Zapallar fue, en gran medida, el resultado del miedo infundado de la población civil ante una supuesta agresión, más que una respuesta a un peligro real. Bajo este clima de tensión, las fuerzas policiales abrieron fuego contra las familias indígenas. “Las víctimas, lejos de ofrecer resistencia, permanecieron inmóviles, siguiendo códigos milenaristas que dictaban una actitud estrictamente pacífica ante la confrontación”. (Archivo Histórico de la Provincia del Chaco “Monseñor José Alumni”).
En un esfuerzo por reparar la memoria histórica de la provincia, cada 9 de septiembre se conmemora el Día de Duelo Provincial. Esta fecha fue establecida mediante un proyecto presentado en 2014 por los diputados Rubén Omar Guillón y Orlando Charole, dando lugar a la Ley Provincial N° 7403/14 (vigente y actualizada al 2025).
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El proceso encarado por la Justicia Federal busca no solo establecer responsabilidades, sino también lograr una reparación simbólica que dignifique a las víctimas y recupere la memoria histórica. Las primeras audiencias de declaración de testigos fueron encabezadas por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini, el fiscal ad hoc Diego Vigay y los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Walter Romero.
Para la Fiscalía, lo ocurrido en El Zapallar no es un hecho aislado. Se inserta en un contexto histórico de genocidio de los pueblos indígenas llevado adelante por el Estado Nacional. Según explicó Vigay a este medio, esta masacre se suma a otros hechos atroces como: San Antonio de Obligado (1887), San Javier (1904), Napalpí (1924) y Rincón Bomba (1947).
“La reconstrucción de cada una de estas masacres son piezas esenciales del rompecabezas para comprender el genocidio indígena”, señaló el fiscal, enfatizando que estos elementos demuestran el carácter sistemático de una política de Estado.
El fiscal Vigay indicó que se debe aclarar que se trata de un proceso “penal” por crímenes de lesa humanidad, como lo fue por ejemplo el juicio oral por la Masacre de Margarita Belén y que no trata sobre reparaciones económicas, las que deben tramitarse en una causa “civil” donde la fiscalía federal no tiene intervención.
Por ejemplo, en el caso del juicio penal por la verdad por la Masacre de Napalpí, la sentencia es realmente contundente en cuanto a todas las consecuencias que provocó incluso hasta la actualidad y entiendo que habilitaría por ejemplo al IDACH como representante de los pueblos indígenas del Chaco a reclamar en un proceso civil una reparación económica.
REPARACIÓN SIMBÓLICA
Al tratarse de un juicio penal por el Derecho a la Verdad, el enfoque reside en medidas que promuevan la no repetición de la violencia institucional y el racismo. Y, en ese sentido, el precedente del Juicio por la Verdad de Napalpí (2022) ha sido fundamental. Es por eso que la Fiscalía ha adoptado una perspectiva intercultural, trabajando directamente en el territorio con las organizaciones del pueblo Moqoit. Este esfuerzo permitió localizar a once descendientes de sobrevivientes que ya han prestado su testimonio.
Según detalla Vigay, en los casos de las Masacres de Napalpí y de El Zapallar, las víctimas eran pobladores de la Reducción Napalpí y el gobierno Provincial del Chaco en la década de 1980 y 1990, como una medida de reparación, se llevó adelante un proceso de otorgamiento a los pueblos indígenas de las 25 mil hectáreas que formaron parte de la reducción. Actualmente esas 25 mil hectáreas son propiedad comunitaria indígena y están habitadas por unas mil quinientas personas de los pueblos Qom y Moqoit.
En cuanto a una sentencia por el Derecho a la Verdad por la Masacre de El Zapallar, Vigay señaló que se podrían pedir medidas de reparación que tengan que ver con la construcción de un Memorial en el lugar donde ocurrió, que se incorpore a la enseñanza en la curricula escolar de todos los niveles como se hace actualmente con Napalpí, que se continué con la capacitación a fuerzas de seguridad en DDHH de los pueblos indígenas, que se filme un documental por parte de la Universidad como ocurrió con Napalpí, que se promueva a los investigadores indígenas, que se amplie y consolide la educación bilingüe Moqoit, entre otras medidas similares.
“Las medidas que se proponen tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados , la dignificación de las víctimas, determinar la responsabilidad del Estado y promover la no repetición de la violencia institucional y el racismo hacia los pueblos indígenas”, agregó el fiscal.
“Son procesos que demandan tiempo de diálogo. Hemos aprendido a interactuar interdisciplinariamente con historiadores, antropólogos y archivistas; sin sus aportes sería imposible reconstruir un hecho de hace casi cien años”, afirmó Vigay.
EL APORTE DE INVESTIGADORES
“En el caso de El Zapallar pudimos hallar a descendientes de los sobrevivientes, trabajando mancomunadamente con la organización comunitaria del pueblo moqoit, que realizo distintas reuniones en diversos parajes del territorio donde viven, donde pudimos contar en un lenguaje llano de que se trataba la causa judicial, cual era e, objetivo y la importancia de los testimonios. Son procesos que demandan bastante tiempo de diálogos”, detalló el fiscal.
También relató que estas instancias pudieron interactuar interdisciplinariamente con historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, psicólogos, archivistas y que los aportes de todas y cada una de estas disciplinas son indispensables para la reconstrucción histórica que demanda buscar la verdad de un hecho sucedido hace casi cien años atrás.
“Si no tuviéramos todos esos aportes técnicos y profesionales, seria imposible hacerlo solo desde la Fiscalía. En este marco debe destacase el aporte de organismos públicos como la Universidad Nacional del Nordeste, la UBA, el Conicet, el IIGHI, el Archivo Histórico Provincial, la Dirección de Patrimonio Cultural, El RUV Registro Único de la Verdad, la secretaria de DDHH del gobierno del Chaco, el Comité Provincial contra la Tortura, entre otros”, cerró.
