Los procesos disciplinarios a dos jueces federales por corrupción los trasciende y desnuda una estructura judicial que les fue funcional, sin que la política la tocara.
El trámite que termina a mitad de semana con la decisión de suspender al juez federal de Rosario, Gastón Salmain por dos casos de corrupción no empezó por las reiteradas extravagancias de su conducta como magistrado en los menos de dos años que llevaba en el cargo. Empezó cuando un medio periodístico, éste, publicó que había llegado a juez ocultando que veinte años antes de que aprobaran su pliego lo habían echado como empleado de la Justicia Federal porteña por pagar una coima para direccionar un expediente hacia el juzgado donde trabajaba.
Fue una casualidad. Este medio encontró en un libro poco difundido una referencia que aludía a esto. El libro lleva el título de una de las triquiñuelas usuales de la Justicia Federal, Forum Shopping, que es la de asignar destinos a los expedientes más allá de los sorteos y los turnos. En dos párrafos perdidos se indicaba que la Corte había echado a un empleado que le ofreció dinero para burlar el sistema informático con un caso. Su nombre era Gastón Salmain. Este medio buscó ese expediente y lo encontró en un archivo de la Corte Suprema. Salmain no dijo nada de eso. Habían pasado veinte años y estaba en Rosario. Donde empezaba a insinuarse una investigación donde, ahora como magistrado, lo acusaban de pedir un soborno.
Para dejar al borde de jury al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, al que no le llegó esa ocasión porque Javier Milei le aceptó la renuncia antes, el Consejo de la Magistratura cuyos miembros se autocelebran sin parar tardó cuatro años. Dos fiscales habían denunciado al finalizar sus alegatos en 2020 contra uno de los narcos más atávicos de Rosario, Esteban Alvarado, que Bailaque había dejado planchada de manera incomprensible una investigación contra él, donde abundaban las pruebas de su accionar, de sus delitos de sangre, de sus colaboradores y de su banda.
¿Por qué los consejeros se dignaron a sacar esa denuncia de su lugar? Porque dos periodistas de Rosario obtuvieron el anexo 39 de la causa en la que Alvarado fue procesado en la Justicia Federal. Allí constaba que el contador de dos empresas del narco era Gabriel Mizzau. Era el mismo que le llevaba los papeles contables al propio juez Bailaque que había negado medidas esenciales para avanzar contra este líder narcocriminal diez años antes. Ese escándalo de sainete, esa bufonada, sí hizo desesperezar al Consejo, que se tomó otro año más hasta mandar el caso al plenario.
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Recordar esto puede ser útil para pasarle el peine a un modo de ser institucional de Santa Fe. Porque ahora cunde el shock moral y cuando ven venir el tren que empujaron otros todos se suben al furgón. Pero denunciar lo de Bailaque se hizo en una soledad hiriente que, antes de todo esto, dejaba a los que hicieron punta en un frío lunar ante personas que conservaban mucho poder. Dentro de las instituciones estaban los indiferentes. Los que conociendo y aceptando lo señalado elegían el silencio. Y los que directamente jugaban para el statu quo.
Con lo de Bailaque hubo algo que lo ilustra bien. El día de los alegatos previos a la primera condena a perpetua a Alvarado en Rosario los fiscales actuantes lanzaron algo nunca dicho que fue una bomba en plena audiencia. Era 2022. Dijeron que gran parte de la evidencia contra este líder criminal y sus aliados económicos y policiales había salido de la causa que Bailaque congeló, que allí había una descripción apabullante de esos delitos y que por eso el magistrado debía ser investigado. Cuando este periodista lo publicó hubo jueces federales que llamaron al medio para quejarse o para torpedear la publicación diciendo que era una operación para deslegitimar o deslucir un importante evento que habría al día siguiente.
¿Y qué pasaba al día siguiente? Había una cita de cien jueces federales para dar aval a la Justicia Federal de Rosario, cuyos miembros trabajaban en medio de una violencia incesante. Eso ocurrió en 2022 que fue el año récord de homicidios en Rosario ligados mayormente a organizaciones narco. Pero en ese momento había dos fiscales provinciales que, de manera institucional, en una audiencia de juicio, explicaban que ese fenómeno sangriento tenía todo que ver con la forma en que se manejaba la Justicia Federal a la que todos venían a estrechar, para solidarizarse y acompañar. Todos esos jueces y funcionarios llegaban, en realidad, a abrazarse a un problema.
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Fue un poco como si la UIF hiciera ahora un acto de desagravio para Adorni por las cosas que los medios están diciendo de él. Para entonces hacía nueve años que Bailaque había cajoneado la causa sobre la banda de Alvarado cuya estructura, por esos años, no dejó de diversificarse a nivel empresarial ni de llenar las calles de cadáveres. En el juicio provincial funcionarios de fuerzas de seguridad y otros fiscales dijeron que había sido incomprensible por qué Bailaque no avanzó con una explicación tan detallada de cómo Alvarado recibía droga, cómo se aliaba con otros narcos, cómo había todo un aparato policial que lo asistía, cómo producía violencia en la entonces ciudad más violenta del país. El Consejo de la Magistratura recién se despertó a dos años de esa denuncia. Fue cuando se publicó que juez y narco tenían el mismo contador. Sin ese detalle caricaturesco no se habían movido por tres años.
Los fiscales provinciales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra denunciaron a Bailaque por lo mismo que ahora tiene el ex juez una causa penal. Son los mismos fiscales que echaron luz sobre otra corrupción institucional. Por ejemplo la que terminó con la condena del ex fiscal regional rosarino Patricio Serjal y tiene al borde del juicio al senador Armando Traferri por sus contactos con el juego clandestino. O los que demostraron una contaminación ambiental inédita en una petroquímica vecina a Rosario que implicó a empresarios poderosos y funcionarios de gobierno. Esos dos fiscales que expusieron todo eso hoy están enfriados en posiciones muy alejadas de cualquier investigación al campo de la política o las instituciones. Desde que no están, de paso, no se conocen pesquisas en este sentido.
No hay legisladores, salvo los provinciales Fabian Palo Oliver y Carlos del Frade, que hagan alguna referencia a esto.
Durante años la Justicia Federal de Rosario tuvo una responsabilidad indisolublemente ligada a la explosión de violencia. Y no por lo que omitieron hacer. También por lo que sus funcionarios hicieron. La pesquisa que Bailaque durmió identificaba a todo el grupo policial de Drogas Peligrosas, una sección célebre por su sociedad con los narcos, que sostenían a Alvarado. Varios fueron condenados por delitos ordinarios que los ligaban al líder narco. Pero durante veinte años estos policías, con fuertes vínculos políticos que están expuestos en juicios, eran los dueños de las investigaciones. La Justicia Federal funcionó como escribanía de estos oficiales que mientras acordaban con los peces gordos llenaban los juzgados con causas de detenidos por tener un porro en el bolsillo. Causas como Halford o Muga, que son para otro texto, son un muestrario.
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Lo que hizo imposible la perduración de conductas que son institucionales, o que tienen el amparo institucional, es la puesta en marcha del modelo acusatorio en el sistema de enjuiciamiento. En Rosario no es que súbitamente hubo un proceso de sanación o de redención en masa. Lo que hubo es un procedimiento penal que terminó con el secreto que históricamente protegió barbaridades. La oralidad y la publicidad de los trámites penales desde el minuto uno rompió la coraza de lo invisible, mostró a un montón de actores los hechos atribuidos a estos dos jueces y también la prueba. Y ventilado todo eso la continuidad de ellos no solo se volvió imposible. También quedó de manifiesto una conducta que va más allá de ellos, en todos los que desde adentro veían lo que pasaban y torcían la cabeza.
Es por esto que Comodoro Py, la jurisdicción más importante del país en volumen de casos y sobre todo porque es donde se decide el destino de las causas de la política, le tiene terror al modelo acusatorio. Y se embandera en los argumentos más pueriles para resistir un sistema que la Constitución ordenó implementar hace 32 años. En el acusatorio nadie puede dormir una causa y cuando una pesquisa es impulsada la evidencia de lo que se hizo, o la falta de ella, es muy difícil de tapar.
Lo que queda expuesto con los casos de Bailaque y Salmain es una forma de organización de la Justicia Federal de Rosario durante los años que como en ninguna otra ciudad estalló la violencia ligada al mercado urbano de drogas. En la Justicia provincial se demostró hacia 2022 cómo Alvarado trabajaba con niveles de mando de la policía santafesina que terminaron con su accionar descripto y algunos condenados. Esa misma policía, los mismos hombres, era la que bajo el paredón de los métodos de los tribunales federales hacía lo que quería. La Justicia Federal de Rosario fue la escribanía de la corrupta hasta el cuadril Dirección de Drogas Peligrosas: sus oficiales les llevaban los casos que querían, el sistema judicial los promovía, nadie controlaba. Los líderes que tenían a la policía asociada explotaban el negocio eran remachados a balazos como en escenas de Scarface. Así asesinaron al Fantasma Paz, al Pájaro Cantero, a Luis Medina. Ese era el tiempo de las investigaciones paralizadas. Si todo eso pasaba y no pasaba nada era porque había una estructura institucional dispuesta para eso.
Algo más sobre esa policía. Hace ocho meses hubo una sentencia muy esclarecedora en Rosario por la que se investigó a una organización criminal que obtenía fondos del juego ilegal y lavaba dinero. El fallo dictado por unanimidad indica textualmente que la organización estaba comandada por un senador que es el mismo que manejaba a muchos de esos policías que trabajaban sin ningún control para esa Justicia Federal.
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Si se la mira más de cerca, se ve que eso ocurre en una Justicia Federal que sigue con procesos de selección de personal vergonzosos, donde los empleados son familiares, allegados, amigos o favoritos de los funcionarios judiciales. Donde a veces el hijo de un juez trabaja en la defensoría o en la fiscalía en un caso donde ese juez tenía que fallar. O donde se vio que Bailaque hizo ingresar a su juzgado al hijo de su contador, que asistía profesionalmente al narco cuyo destino se decidía en ese juzgado. Es por eso que esto va más allá de un nombre propio. Es una estructura lo que con los casos de estos dos jueces en caída quedan al desnudo.
Hoy hay un sistema que rompió ese encofrado que no dejaba ver la gestión judicial, hubo traslados de funcionarios que llegaron de afuera sin conexiones ni compromisos relacionales con el personal y la evidencia del modo en que no hay que hacer las cosas arde como una brasa viva. Esos son avances evidentes. No obstante es interesante cómo el viejo sistema les da una esperanza más a los que vienen en picada. Sus defensores creen que si tienen alguna chance es con algunos jueces de la Cámara Federal de Casación. Apuestan a la capacidad de maniobra, la audacia o las ambiciones de ciertos camaristas para que Bailaque o Salmain mantengan alguna chance. Lo que hacían en la Justicia Federal ya quedó contado y sabido. Las causas penales de ellos recién están en la primera etapa. Se verá cómo siguen en los escalones superiores de la Casación.
Suspendieron al juez Salmain y le inician juicio político por dos casos de corrupción
Ahora que finalmente Bailaque renunció cuando era inminente su jury y Salmain va hacia el juicio político desde adentro suenan las alabanzas de los propios que dicen que el sistema funciona y se autodepura. Los que vieron lo que pasaba saben que si se sigue mirando, quizá pueda entreverse que en el sistema al que pertenecían tan solos no estuvieron.
tenía a la mayoría de las entidades judiciales, a los legisladores, a los funcionarios de los gobiernos más mudos que una piedra.
