El Congreso de Brasil anuló el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a una ley que modifica el cálculo de penas para delitos contra el orden democrático, tras una votación con amplio respaldo en ambas cámaras. La norma establece nuevos criterios de dosimetría que podrían reducir condenas y tener impacto en la situación judicial del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado.
La iniciativa fue aprobada con amplio margen en ambas cámaras legislativas. 318 diputados votaron a favor de revertir el veto presidencial, mientras que 144 se opusieron. Y en el Senado, la medida también prosperó con comodidad: 49 votos positivos frente a 24 negativos. El resultado expone la fortaleza de sectores conservadores en el Parlamento brasileño y representa un nuevo traspié político para el oficialismo.
El proyecto, conocido como “ley de dosimetría”, introduce modificaciones en la forma en que se calculan las condenas para delitos considerados antidemocráticos. En términos concretos, la norma establece que no podrán sumarse ciertas figuras penales —como la abolición violenta del Estado de Derecho y el intento de golpe— y que se aplicará únicamente la pena correspondiente al delito más grave, con un aumento proporcional.
Además, contempla reducciones significativas para quienes hayan participado en hechos de este tipo sin haber tenido un rol de liderazgo ni haber financiado las acciones. En esos casos, la pena podría disminuir entre un tercio y dos tercios, especialmente si los delitos fueron cometidos en contextos de movilizaciones masivas.
De entrar en vigencia, la ley podría beneficiar a unas 280 personas condenadas por episodios vinculados al intento de desestabilización institucional ocurrido tras las elecciones de 2022. Entre ellos, el propio Bolsonaro, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por motivos de salud, aunque sigue bajo una condena de 27 años y tres meses.
Según estimaciones de especialistas en derecho penal, la nueva normativa podría acelerar el acceso del exmandatario a un régimen menos estricto en un plazo de entre dos y cuatro años. Hasta ahora, las proyecciones oficiales indicaban que recién en 2033 podría acceder a un régimen semiabierto.
El debate parlamentario estuvo atravesado por fuertes tensiones. Durante la sesión, el senador Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente y una de las principales figuras de la oposición— encabezó la defensa del proyecto y pidió respaldo para avanzar con la medida.
Desde el oficialismo, en cambio, cuestionaron con dureza la iniciativa. El diputado Arlindo Chinaglia advirtió que los hechos del 8 de enero de 2023 —cuando manifestantes bolsonaristas irrumpieron y provocaron destrozos en las sedes de los tres poderes en Brasilia— no pueden ser considerados como manifestaciones espontáneas. Según sostuvo, se trató de un intento organizado de quebrar el orden democrático.
