Iniciarán un sumario administrativo contra los policías que habrían inventado una causa para justificar la detención del periodista Fernando Ojeda en Margarita Belén.
El escándalo crece.
Lo que en un primer momento intentaron presentar como un procedimiento policial “normal”, ahora empieza a mostrar una trama mucho más grave: la posible utilización del aparato policial para perseguir, hostigar y disciplinar a un trabajador de prensa que simplemente estaba haciendo preguntas.
Porque si tuvieron que inventar una causa para justificar la detención, entonces queda todavía más claro que nunca debieron detenerlo.
Fernando Ojeda no estaba cometiendo ningún delito.
Estaba trabajando.
Estaba informando.
Estaba ejerciendo derechos protegidos por la Constitución Nacional.
El artículo 14 garantiza expresamente el derecho de “publicar las ideas por la prensa sin censura previa”, mientras que el artículo 32 prohíbe al Estado dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o de expresión.
Además, el artículo 18 establece que nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente ni privado de su libertad arbitrariamente.
Por eso la gravedad es doblemente agravante: no solamente se habría producido una detención ilegal, sino también un ataque directo contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico protegido constitucionalmente.
Y eso vuelve todo aún más preocupante para cualquier sociedad democrática.
Durante horas intentaron instalar versiones confusas, justificar el accionar policial y desacreditar al periodista. Pero la realidad empezó a derrumbar el relato oficial y ahora el propio Gobierno se ve obligado a avanzar con medidas internas contra los efectivos involucrados.
La pregunta es inevitable:
¿Quién dio la orden?
Porque resulta difícil creer que policías decidan por sí solos detener a un periodista que acababa de incomodar públicamente al gobernador Leandro Zdero con preguntas.
Acá no solamente está en juego un abuso policial.
Está en juego la libertad de expresión, el derecho a informar y la utilización del poder del Estado contra voces críticas.
También podrían verse comprometidos tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información sin censura ni persecución estatal.
Y si realmente existió armado de causa, la gravedad institucional es enorme.
No alcanza con un sumario administrativo.
La sociedad necesita saber toda la verdad, identificar responsables políticos y garantizar que nunca más se utilice a la Policía del Chaco para perseguir periodistas.
En democracia, preguntar no puede ser motivo de detención.
Y mucho menos de persecución armada desde el poder.
