Organismos de derechos humanos, entidades periodísticas, sindicales y el Partido Justicialista del Chaco cuestionaron la detención del cronista Fernando Ojeda en Margarita Belén. Denuncian un grave ataque a la libertad de expresión y apuntan al uso de la Policía para silenciar preguntas al gobernador.
La detención del periodista Fernando Ojeda en la localidad de Margarita Belén, luego de intentar formular preguntas al gobernador Leandro Zdero sobre temas sensibles de gestión, desató una fuerte ola de repudios de organismos de derechos humanos, asociaciones periodísticas, sindicatos y espacios políticos que coincidieron en denunciar un hecho de “gravedad institucional” y un ataque directo a la libertad de prensa.
El episodio ocurrió durante una actividad oficial encabezada por el mandatario provincial. Según registros audiovisuales difundidos por distintos medios, Ojeda intentó consultar a Zdero sobre la deuda de la cláusula gatillo con docentes, la situación del agua potable en Margarita Belén y el caso de la falsa médica que ejercía sin título en Quitilipi y que atendió a más 1200 pacientes.
Lejos de responder, el gobernador desacreditó al cronista al señalar su supuesta pertenencia política —“entiendo que sos militante kirchnerista”— y, minutos después, el periodista fue reducido y detenido por efectivos policiales bajo una imputación vinculada al artículo 60 del Código de Faltas Provincial, referido al supuesto “desorden en la vía pública”.
“Preguntar no es delito”
Uno de los pronunciamientos más duros provino de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco (CPM), integrada por organismos de derechos humanos, que calificó la detención como “arbitraria e ilegal” y advirtió sobre un preocupante retroceso democrático.
“Resulta de una gravedad institucional enorme que, a más de 40 años de democracia ininterrumpida, se detenga a un trabajador de prensa por el simple hecho de formular preguntas incómodas para un gobernante”, señalaron en un comunicado.
Desde la CPM remarcaron que la democracia “no se fortalece silenciando voces incómodas ni persiguiendo a quienes piensan distinto”, sino garantizando “el derecho a preguntar, a informar y a exigir respuestas”.
Además, exigieron una retractación pública del gobernador y alertaron sobre el riesgo de normalizar escenas de persecución política e intimidación a quienes ejercen tareas periodísticas.
“Mensaje intimidatorio”
El Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco también expresó un fuerte repudio y sostuvo que lo ocurrido constituye un “gravísimo atentado contra la libertad de prensa”.
En un comunicado, el PJ advirtió que la detención de Ojeda envía “un mensaje intimidatorio hacia todo el periodismo chaqueño”, sugiriendo que quienes pregunten al gobernador por temas incómodos podrían sufrir represalias.
La fuerza opositora puso el foco en las preguntas que motivaron el episodio: la deuda de la cláusula gatillo a docentes, la crisis del agua en Margarita Belén y el escándalo de la falsa médica de Quitilipi.
“Preguntar por temas de evidente interés público no puede ser motivo de persecución”, remarcaron.
“Grave atentado contra la libertad de expresión”
La Asociación de Medios de Comunicación del Chaco calificó el episodio como un “grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información”, pilares fundamentales de la democracia.
La entidad cuestionó especialmente que el periodista haya permanecido privado de su libertad durante varias horas por intentar obtener respuestas oficiales sobre problemáticas que afectan a la ciudadanía.
Asimismo, exigió el esclarecimiento inmediato de los hechos, sanciones a los responsables y garantías plenas para el ejercicio periodístico en la provincia.
“Ningún gobierno puede pretender acallar voces críticas ni condicionar el trabajo de los medios”, advirtió la asociación.
“Regresión institucional”
En la misma línea, el Sindicato de Prensa del Chaco manifestó “extrema preocupación” por el uso del artículo 60 del Código de Faltas para justificar la detención de un periodista que se encontraba trabajando.
La organización sindical sostuvo que utilizar figuras contravencionales para criminalizar preguntas periodísticas constituye un “mecanismo de amedrentamiento” y comparó el episodio con prácticas propias de períodos autoritarios.
“Preguntar nunca puede ser un delito”, remarcaron, al tiempo que reclamaron al jefe de Policía, Fernando Romero, garantías para que hechos similares no vuelvan a repetirse.
