¿A cuatro metros o a una distancia menor? Esa fue la principal incógnita en torno al disparo con postas de goma efectuado por un policía, que provocó una grave herida en el pecho de un paciente de salud mental. Ese punto se convirtió en el eje central de la audiencia realizada el pasado jueves en la Cámara Tercera en lo Criminal, en el marco de la causa que tiene como único imputado a un comisario del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la Policía del Chaco.
La audiencia preliminar del caso, cuya víctima es un usuario de salud mental identificado con las iniciales A.S.L., se llevó a cabo en Resistencia ante la jueza María Virginia Ise. El imputado es el comisario Miguel Ángel “Cuqui” Zuco, quien se desempeñaba como jefe de turno del COE la noche en que disparó con postas de goma al pecho de un hombre de 40 años con diagnóstico de esquizofrenia, que atravesaba una crisis psiquiátrica. El hecho ocurrió en junio de 2024 y la víctima logró sobrevivir tras someterse a siete cirugías.
Según pudo reconstruir LITIGIO, durante la audiencia, la defensa aceptó la autoría del disparo y las lesiones provocadas, por lo que esos puntos quedaron excluidos del debate en el juicio oral. Lo que sí se discutirá es si el accionar de Zuco estuvo justificado. Sin embargo, la defensa aún no presentó su teoría del caso ni ofreció prueba propia, razón por la cual la audiencia se centró en la depuración del material acusador.
El punto más saliente de la jornada fue el pedido del Comité Provincial de Prevención de la Tortura —querellante institucional en la causa— para que se realice una reconstrucción del hecho en el lugar. El motivo: dos peritos del Poder Judicial del Chaco ofrecieron conclusiones incompatibles sobre la distancia desde la que Zuco disparó.
El perito criminalístico José Chaine determinó que las ropas de la víctima presentaban quemaduras, lo que indicaría un disparo a muy corta distancia, casi a quemarropa. En cambio, el perito Fernando Pereyra indicó en su informe balístico que el disparo se efectuó a cuatro metros de distancia, lo que haría físicamente imposible la quemadura de la tela.
Ante esa contradicción, la querella solicitó la reconstrucción del hecho para determinar con precisión la distancia real del disparo, dato que resulta central para evaluar el uso de la fuerza. La defensa, por su parte, propuso que la propia víctima esté presente durante esa diligencia.
La magistrada fijó para lunes, a las 8, una nueva audiencia en la que definirá si ordena o no la reconstrucción. Participaron de la audiencia el fiscal especial de Derechos Humanos, Luciano Santos; el abogado querellante por la familia de la víctima; el padre de A.S.L.; y por el Comité, el abogado querellante Guillermo Cuéllar y los comisionados Darío Gómez, Roberto Sotelo, Santiago Osuna y Romina Duarte. Por la defensa estuvieron los letrados Olga Mongelos y Leandro García Redondo, junto al imputado Zuco.
El juicio oral tendrá como único imputado al comisario Zuco, acusado de lesiones graves doblemente agravadas por ser miembro de una fuerza policial en abuso de su función y por haber utilizado un arma de fuego. La pena en expectativa va de cuatro a trece años de prisión de cumplimiento efectivo, sin posibilidad de condena condicional.
El hecho
El hecho ocurrió en la madrugada del 3 de junio de 2024, alrededor de las 0.50, en una vivienda ubicada en el macrocentro de Resistencia. Todo comenzó cuando el padre de A.S.L. —las iniciales de la víctima— llamó al servicio de emergencias para pedir ayuda: su hijo de 40 años, diagnosticado con esquizofrenia, estaba descompensado y portaba un cuchillo. Temía que intentara hacerse daño.
La respuesta del Estado fue contundente en términos de despliegue: más de veinte efectivos, dos negociadores, una ayudante fiscal y dos ambulancias. Al ver la escena, A.S.L. se refugió en su habitación. Los agentes del COE ingresaron a la vivienda equipados con escudos antimotines y escopetas, y lanzaron gas lacrimógeno. Lo que vino después es el centro del debate judicial.
Zuco disparó con una escopeta Hatsan Escort calibre 12/70 desde una distancia de entre tres y cuatro metros. El impacto le provocó a A.S.L. lesiones graves: las postas de goma le fracturaron el esternón, bajaron al diafragma y llegaron hasta el pericardio, la membrana que recubre el corazón. Se le extrajeron quirúrgicamente 18 perdigones. Esposado durante todo el trayecto, fue trasladado en ambulancia al hospital Perrando. Después de dos meses y siete cirugías, sobrevivió de milagro.
En su declaración, el comisario sostuvo que A.S.L. era violento, que intentó agredir a su padre y al personal policial con el cuchillo, y que previamente se habían agotado todos los recursos disuasivos disponibles —negociación, identificación policial, gas lacrimógeno y cartuchos de estruendo— sin resultados. “Actuamos a derecho conforme a la circunstancia de ese momento”, afirmó.
El fiscal especial de Derechos Humanos, Luciano Santos, rechazó de plano esa versión. En la audiencia de oposición al requerimiento de elevación a juicio —oposición rechazada por el Juzgado de Garantías 3 de Resistencia—, señaló que todos los testigos describieron a A.S.L. como una persona estática, que los mediadores nunca llegaron a verle la cara, que el joven nunca respondió a los intentos de comunicación y que no se registró ninguna agresión al padre. “Parecería que estuvieron en dos escenas distintas”, remarcó Santos.
REVISTA LITGIO
