En General San Martín, el conflicto por las 238 viviendas sigue creciendo y ya se metió de lleno en la discusión política provincial. Todo se reactivó después de una intervención del diputado nacional Aldo Leiva, quien cuestionó al presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, por la intención del gobierno de cambiar el sistema de adjudicación.
El punto que encendió la polémica es que esas viviendas ya habían sido adjudicadas en 2023, bajo normas vigentes. Sin embargo, el gobierno de Leandro Zdero ahora busca volver a sortearlas, lo que generó preocupación entre las familias que ya estaban asignadas.
Leiva fue directo: recordó que el propio Berecoechea habría accedido a una vivienda durante la gestión de Jorge Capitanich con ese mismo sistema que hoy se intenta modificar. “Cuando le convino, usó ese mecanismo. Ahora quiere cambiar las reglas”, planteó.
Según los datos difundidos, de las 238 viviendas, 100 fueron otorgadas por sorteo y 138 mediante resoluciones administrativas, dentro de un esquema permitido en su momento por el organismo. Ese sistema fue aplicado durante la etapa en la que el IPDUV estaba conducido por Luis Zarabozo, en un contexto político vinculado a Roy Nikisch.
Desde la oposición advierten que la medida podría dejar sin efecto adjudicaciones ya definidas y afectar a familias que cumplieron con todos los requisitos. En ese marco, el diputado provincial Rubén Guillón acompañó a los adjudicatarios y expresó su preocupación por la situación.
Mientras tanto, entre los beneficiarios crece la incertidumbre. Muchos aseguran que detrás de esta decisión hay un interés político, en un año donde el calendario electoral empieza a pesar en cada movimiento.
El caso volvió a poner en foco el rol del IPDUV y cómo se toman decisiones sobre la vivienda en Chaco, en un contexto donde el acceso a la casa propia sigue siendo una de las principales demandas sociales.
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