Este lunes por la mañana, Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., volverá a sentarse frente al juez Ernesto Kreplak para continuar con su declaración indagatoria en la causa que investiga más de 100 muertes por fentanilo contaminado.
La audiencia, que se realiza por videollamada, había comenzado el jueves 23 de abril, pero tras tres horas de exposición, el magistrado decidió un cuatro intermedio por problemas de conexión. Ahora, la expectativa está puesta en que la testimonial pueda completarse y aporte datos clave para avanzar en la investigación.
En su declaración, García Furfaro insistió en que fue víctima de un atentado y negó cualquier vínculo con la contaminación de las ampollas. Según fuentes judiciales, el empresario replicó los argumentos que ya había presentado en 2025, desligándose de la presencia de bacterias en los lotes de fentanilo.
La causa ya tiene 14 procesados que declararon ante el juez, y en esta nueva etapa, el magistrado deberá incorporar los nuevos casos confirmados luego de las pericias.
El expediente investiga la muerte de más de 114 personas por el consumo del opioide adulterado, un hecho que la Justicia considera la “peor crisis sanitaria de la Argentina”.
La continuidad de la declaración de García Furfaro será determinante para intentar reconstruir cómo se produjo la contaminación y determinar responsabilidades.
El juez Kreplak busca obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos y definir el futuro procesal de los involucrados.
El procesamiento de García Furfaro
García Furfaro fue procesado en septiembre del año pasado junto a otros directivos en la causa que investiga la muerte de más de un centenar de pacientes tras recibir fentanilo contaminado. Además le embargaron sus bienes por un billón de pesos.
El dueño de Pharma fue considerado coautor penalmente responsable del delito de “adulteración de sustancias medicinales” que provocó la muerte de por los menos 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
La madre de Furfaro, Nilda, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria tras la solicitud de su defensa, mientras que los acusados enfrentarán penas de hasta 25 años de cárcel por homicidio agravado. A la mujer también le dictaron prisión preventiva, y le dispusieron un embargo de quinientos mil millones de pesos. A Diego García Furfaro, hermano del empresario, también lo procesaron con prisión preventiva y lo embargaron por quinientos mil millones de pesos.
La causa se sustenta en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de 10 a 25 años cuando el envenenamiento de sustancias alimenticias o medicinales provoca la muerte de personas.
García Furfaro ya contaba con antecedentes penales: en 2002 había sido condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante. Tras cumplir la pena, se volcó a la industria farmacéutica y consolidó varios laboratorios, entre ellos HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
