Lo negaron, lo ocultaron y lo “planificaron”, pero la realidad los pasó por arriba. Luego de que este medio denunciara que las escuelas chaqueñas no tenían para darle de comer a los pibes, el Gobierno de Leandro Zdero firmó a las apuradas un decreto por más de 31 mil millones de pesos. El marketing de la “planificación” se rinde ante la urgencia del hambre y la deuda interna.
La “planificación” de la que tanto habla el oficialismo chaqueño resultó ser, en realidad, una reacción tardía al escarnio público. Tras semanas de silencio oficial ante las denuncias de este medio sobre el desfinanciamiento de los comedores, el Gobierno Provincial tuvo que oficializar el Decreto 214/2026. El monto de la capitulación: $31.750.000.000 para el ciclo lectivo 2026.
La prueba del ajuste que quisieron tapar
El documento, que lleva la firma de la Presidenta de la Cámara de Diputados a cargo del Ejecutivo, Carmen Delgado, es la confesión de parte que faltaba. El texto admite que es “indispensable” asegurar la disponibilidad y el acceso a los alimentos para prevenir la malnutrición en todas sus formas.
Lo que no dice el decreto es que, hasta hace apenas unos días, la respuesta a los reclamos era el vacío. Tuvieron que verse expuestos en los titulares para que el Ministerio de Desarrollo Humano activara mecanismos de urgencia, reconociendo ahora que la población estudiantil debe acceder a menús que garanticen su seguridad alimentaria.
El lastre de la deuda y la mala gestión
Sin embargo, la firma del papel no borra el historial de desidia. A pesar de estos anuncios multimillonarios, el Gobierno de Zdero arrastra una pesada deuda con proveedores que viene desde el año pasado, lo que pone en duda la efectividad real de cualquier “planificación” anunciada. ¿Quién le va a vender al Estado si todavía no cobró el servicio del ciclo anterior?
Hoy, la provincia atraviesa niveles de mala nutrición alarmantes producto de una gestión que priorizó la pauta por sobre el plato. Aunque el decreto menciona pomposamente que se busca garantizar un aporte nutricional esencial para el crecimiento, la duda persiste: ¿Se podrá estabilizar la salud de los pibes después de tanto tiempo de abandono o es solo otra promesa para llegar a la carrera electoral?
Los puntos clave del decreto “post-denuncia”:
Monto millonario: Se autorizan erogaciones por $31.750 millones para financiar el 100% de las prestaciones alimentarias.
Alcance masivo: El fondo debe llegar a 1.730 establecimientos educativos con servicio de refrigerio y comedor.
Reconocimiento de crisis: El Ejecutivo admite un contexto económico-social que afecta a la población y justifica la “urgencia en las adquisiciones”.
Plazo de emergencia: La medida tiene una vigencia de 10 meses o 190 días, coincidiendo con el calendario escolar 2026.
¿Planificación o manotazo de ahogado?
Paradójicamente, mientras el gobernador paseaba a los intendentes radicales por talleres de “planificación urbana”, puertas adentro se corría para redactar este instrumento legal que busca apagar el incendio que este medio ayudó a visibilizar.
El decreto faculta ahora al Ministerio de Desarrollo Humano a celebrar convenios con municipios y gobiernos locales para ejecutar el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Es decir, ahora que el escándalo es público, le tiran la responsabilidad de la ejecución a los intendentes, los mismos que hoy fueron usados para la foto de la “planificación”.
Este medio seguirá monitoreando que esos millones no se queden en la burocracia y lleguen, efectivamente, al plato de los más de 180.000 niños y adolescentes que el propio Gobierno reconoce que están en riesgo.
Por: Fernando Ojeda TV LOCAL
