El juez habría festejado su cumpleaños en la propiedad que está siendo investigada por la justicia y que pertenece a Pablo Toviggino. El pedido para que se aparte lo había hecho la Coalición Cívica.
El juez Carlos Mahiques presentó este lunes su renuncia como subrogante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación que debe definir quién continuará con la investigación de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La decisión de Mahiques llegó luego de que se hiciera público su presunto festejo de cumpleaños en la propiedad que está siendo investigada. La Coalición Cívica pidió que se aparte de la causa para no contaminar el procedimiento.
Con esta decisión, continuará en la Sala III de Casación donde es juez titular.
En la carta enviada al presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña, Mahiques adujo “circunstancias de carácter estrictamente funcionales” y destacó la sobrecarga de trabajo que deberá afrontar en los próximos meses, agravada por el retiro de su colega Juan Carlos Gemignani de la Sala III.
“La creciente cantidad de tareas jurisdiccionales muestra a la fecha un total de 332 procesos en trámite, de las cuales 135 están radicadas en Sala; 185 en las tres vocalías que la integran; y 61 impugnaciones y 14 recursos extraordinarios en la vocalía Nro. 7. A ello se suma la carga de trabajo que importa la gestión de dirección, control y administración en la Sala”, aseguró el juez.
La sala de la que Mahiques se apartó debe resolver una cuestión de competencia clave: si la investigación penal queda en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay —como pretenden los imputados—, o si regresa al juzgado de Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky. Esa definición podría condicionar en parte el rumbo del expediente.
La renuncia de Mahiques a la subrogancia cierra para el magistrado —al menos formalmente— la puerta de su participación directa en esa causa.
El destino final de la causa comenzó a cuestionarse nuevamente cuando el fiscal general de la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, opinó que el expediente debía volver a investigarse por el juez Marcelo Aguinsky.
Tras el conflicto de competencia que terminó con la designación de Adrián González Charvay como juez de la causa, Cearras aseguró que en casos de lavado de dinero se deben tener en cuenta motivos amplios y no solo el domicilio del inmueble.
El fiscal también cuestionó que haya sido la Cámara Federal de San Martín la que resolvió el conflicto de competencia ya que, según su criterio, era potestad de la Cámara en lo Penal Económico. La postura de Cearras se ajusta con la de los otros fiscales que actuaron en la causa, Sebastían Bringas y Claudio Navas Rial. Todos opinaron que el caso debía continuar en el juzgado de Aguinsky.
Finalmente, la Cámara Federal de San Martín remitió a Casación la apelación fiscal y recayó en la Sala que integraba Mahiques.
Qué dice la causa
Pantano y Conte figuran como dueños de la propiedad, a través de la firma Real Central S.R.L., y los documentos muestran que adquirieron el inmueble en mayo de 2024 por un monto declarado de 1.800.000 dólares.
Sin embargo, una pericia oficial tasó la finca en unos 17 millones de dólares, lo que disparó sospechas sobre su verdadera capacidad económica para la operación. La justicia indaga si Toviggino es el beneficiario real detrás de la compra.
De acuerdo con los documentos incorporados, esa vivienda figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL, la firma señalada en la causa como presunta pantalla que está a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista).
Los registros muestran que Luciano Nicolás Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021
Con el paso del tiempo, esa condición cambió: los documentos relevados indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.
Ese corrimiento formal de la titularidad es uno de los elementos que se analizan en el expediente. La hipótesis que se examina es si el traspaso responde a una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien.
El expediente incorpora además registros de personas invitadas a la mansión, que vuelven a vincular ambos círculos familiares. En la nómina figura Máximo Toviggino, hijo del dirigente, así como Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego. Según consta en los documentos, ambos aparecen asentados como invitados habituales al domicilio de Ayres Plaza.
