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Tráfico de avionetas en el Chaco paraguayo: cómo opera el corredor de la cocaína andina que llega a Argentina

La frontera con Bolivia es el epicentro de la red narco gracias a los caminos inhóspitos que conectan con pistas camufladas en estancias ganaderas.

En un bar panadería del centro de Asunción, un agente de inteligencia jerárquico con veinte años de contacto permanente con la DEA norteamericana y que tuvo cargos de conducción en las fuerzas antinarcóticos le cuenta a LPO esta historia alucinante en la que intervino.

 

“Tuvimos el caso muy increíble de un coronel retirado boliviano que cayó con un avión paraguayo. Había salido un piloto con un vuelo legal de un hangar de Asunción. Tras veinte minutos de vuelo bajó en un parque en Ybicuí y le entregó el avión a un boliviano que había llegado allí en ómnibus. El avión va a Bolivia, agarra la carga, retorna pero era un domingo y en la pista donde tenía que bajar se estaba realizando una carrera de caballos. Entonces no podía bajar. ¿Y qué hizo? Volvió al punto donde agarró el avión. ¿Y qué pasa ahí? Hay una escuela agrícola, la gente mira al avión que baja, un policía está ahí, nota la matrícula tapada y frente a esa rareza llama a la comisaría”, relata el hombre.

 

Ahí atrapan al narcopiloto, que es un militar boliviano llamado Ismael Menacho. Había tripulado una avioneta Cessna con 420 kilos de cocaína. El que había gerenciado toda la operación era Washington Añazco, un mayor retirado de la Fuerza Aérea de Paraguay, que estaba casado con la Secretaria de Agricultura de Paraguarí, ciudad ubicada a dos horas de Asunción. Entre los detenidos había asimismo un alto funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay (Dinac).

Incautan una narcoavioneta en Paso Bravo y hay preocupación por las pistas clandestinas en parques nacionales

Esto que pasó en 2016 es un fenómeno que persiste actualmente en la economía de la droga de altos volúmenes. Funciona en una estructura que está asentada en la alianza perdurable de empresarios del crimen organizado y actores políticos y de fuerzas de seguridad. La distinción histórica de Paraguay en el narcotráfico estuvo dada por los cultivos extensivos de marihuana.

En el presente el negocio más fuerte está dado por la recepción incesante en la zona del Chaco paraguayo de la cocaína procedente de los países andinos más próximos. El servicio que presta el país es logístico. Pasar una partida de cocaína desde la zona del Chapare boliviano hasta el Chaco se cobra 45 mil dólares. Trasladarla luego hasta Amambay en el límite con Brasil es un trabajo de intermediación que supone un precio adicional.

Jalil Rachid, ministro de la Senad.

 

El sociólogo Juan Martens Molas revela que en Paraguay entre 2013 y 2022 fueron procesados 39 dirigentes políticos por conexiones con narcotraficantes y lavado de activos. Las redes son transversales a las regiones y a los cargos. No es una cosa del pasado.

 

“Los cargos de los vinculados son: ex presidente de la República, vicepresidente de la República, diputados, senadores, presidente de seccionales, gobernadores, intendentes, concejales municipales, director de penitenciaría, ministro del Poder Ejecutivo, de los siguientes departamentos: Alto Paraná, Amambay, Caazapá, Canindeyú, Concepción, San Pedro, Central y Asunción”, dice Martens a este medio, algo que también refiere en un trabajo académico para la filial paraguaya del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip).

Funcionarios políticos dan soporte a los que están implicados comercialmente en este tipo de tramas, la mayoría hacendados paraguayos o brasileños que ni siquiera están presentes cuando la gestión se hace. Las avionetas con las que se mueve la droga son en general robadas y las llaman cabritos. A veces se lanzan desde el aire los bultos. Otras, los aviones aterrizan en intransitados caminos rurales. Pero cada vez más lo hacen en haciendas con pistas construidas en asfalto y declaradas legalmente para el uso de los estancieros.

Las avionetas con las que se mueve la droga son en general robadas y las llaman cabritos. A veces se lanzan desde el aire los bultos. Otras, los aviones aterrizan en intransitados caminos rurales. Pero cada vez más lo hacen en haciendas con pistas construidas en asfalto y declaradas legalmente para el uso de los estancieros

El agente de la Secretaría Nacional Antinarcóticos que habla con LPO se pasó años de su carrera cruzando por caminos inhóspitos las extensiones interminables del Chaco que limita con Bolivia, donde por centenares de kilómetros no hay estaciones de servicio ni puestos para comprar comida ni se ve un alma. Solo monte cerrado con senderos precarios entre arboleda constante que es el paraíso para los narcos. No hay nadie. Pero sí están los que bajan pasta base y cocaína terminada.

En esas zonas hay particulares que adquirieron grandes extensiones de tierra y se dedican a la cría de ganado o al cultivo. Esa actividad lícita existe pero, dice el oficial, es una pantalla. Son logísticos del narcotráfico. La mayor parte de lo que se compra se traslada a Pedro Juan Caballero, en el Amambay, y pasa por tierra a Ponta Porá, la ciudad brasileña separada por una avenida. Es uno de los lugares más violentos de Sudamérica, donde la actividad legal, la política, las fuerzas de seguridad y el narcotráfico están mezclados y afianzados.

Zona de aterrizaje de avionetas en un campo abierto del Chaco paraguayo.

Los dueños de las tierras disimulados muchas veces por testaferros, dice el alto oficial, no viven en ellas. Están en Asunción mayormente, a veces en ciudades del sur de Brasil, o en otras ciudades paraguayas. Como el brasileño Adriani Fabricio Levi, detenido en octubre de 2019 en un barrio de clase alta de la capital paraguaya, que utilizaba la estructura policial para su beneficio delictual. La acusación fiscal mostraría en 2020 cómo Levi pagaba a una plataforma de suboficiales, comisarios y jefes de comisaría y miembros de inteligencia para obtener permisos estatales para lavar activos narcos.

Los datos de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) que muestra a LPO su titular, Jalil Rachid, indica que las incautaciones de cocaína paraguaya en puertos europeos desde 2023 se redujeron de una manera abrupta, dicen sus funcionarios, a casi cero. Pero los logísticos en territorio paraguayo transformaron el modelo de acumulación narco con sus servicios. Su actividad mermó como destino de ultramar pero no deja de drenar hacia el insaciable mercado brasileño compuesto por una población de 200 millones de habitantes, y también para Argentina donde solo en 2025 se secuestraron siete avionetas procedentes con droga desde Paraguay.

Que Paraguay se convirtió en un centro internacional de distribución de cocaína se está notando reiteradamente en las investigaciones judiciales que en Argentina lleva la Procuración de Narcotráfico (Procunar). Y no solo se recibe en el Chaco paraguayo la cocaína sino en otros puntos muy diversos de su territorio. Como lo cuenta el oficial de inteligencia que habla con este medio.

Un grupo narco secuestró una avioneta para llevarla a Bolivia, pero tuvo que aterrizar de emergencia en Paraguarí

Los casos en Argentina donde se encontraron avionetas con cocaína procedente de Paraguay son los de Brian Walter Bilbao en Pergamino con 900 kilos de sustancia el año pasado, una que se precipitó en Arequito Santa Fe, o una que se estrelló en julio de 2023 en Avia Terai, Chaco. La sustancia era originaria de Bolivia.

Los que disfrazan su rol de narcos en su condición de extranjeros, refiere el agente, tienen mayormente estancias en el Chaco, Pedro Juan, San Pedro y Carmen Paraná, territorio pegado a Argentina. Sus dueños son paraguayos y brasileños. Los traficantes bolivianos contactan allí y proponen un precio. Tras eso se definen los viajes contratando al avión. El piloto y el ayudante, en general paraguayos, aunque también bolivianos, cobran al pie del embarque en Bolivia. Dejan la carga en territorio paraguayo con avionetas sustraídas en Asunción o en Argentina a las que le cambian la matrícula en suelo boliviano.

El piloto y el ayudante, en general paraguayos, aunque también bolivianos, cobran al pie del embarque en Bolivia. Dejan la carga en territorio paraguayo con avionetas sustraídas en Asunción o en Argentina a las que le cambian la matrícula en suelo boliviano

La presencia de la narcopolítica es cosa del presente. Hace una semana, el 13 de febrero, la Fiscalía pidió 17 años para el senador Erico Galeano por quedar probada su participación en hechos de lavado de dinero y asociación criminal. El legislador miembro del hegemónico Partido Colorado, agrupación históricamente excluyente de la política paraguaya, cobró un millón de dólares en efectivo para comprar un departamento de parte de la estructura narco liderada por el prófugo uruguayo Sebastián Marset, un personaje de película que tiene operaciones de alto volumen por la hidrovía entre Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y a quien se le atribuye el asesinato impresionante del fiscal de lavado de activos Marcelo Pecci, durante su luna de miel en una playa de Colombia.

Galeano está vinculado al esquema narco que se investiga a raíz del operativo A Ultranza PY, mayor pesquisa por narcotráfico y lavado de dinero del país, en la que se decomisaron más de 21 toneladas de drogas en puertos europeos y localidades paraguayas, lo que puso al desnudo una amplia red de corrupción de la que este legislador es un ejemplo. Hasta el año 2022 por este operativo se habían incautado 250 millones de dólares y detenidas 24 personas.

Tapa de aluminio de una caleta para guardar cargas de droga encontrada por fuerzas de seguridad.

 

Además de Galeano otro legislador, Juan Carlos Osorio, fue acusado de formar la estructura criminal, en su caso por ser presidente de una cooperativa que se uso para lavar dinero activos sucios. Hoy está imputado de asociación criminal, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Un legislador más implicado es Ulises Quintana, de la Triple Frontera.

Los tentáculos de Ultranza Py se proyectan hasta hoy. El sábado pasado apareció asesinado en su camioneta Félix Kanazawa, ex titular de la Dinac, que había desaparecido una semana antes. Era funcionario del ex presidente Mario Abdo, desde cuyo entorno señalaron a LPO que el crimen puede tener nexos con la actuación de Kanazawa en “A Ultranza”, ya que el desaparecido funcionario, que fue degollado, habría manifestado amenazas a los servicios de seguridad del gobierno anterior debido a sus aportes en este caso con la fiscalía contra la narcopolítica.

Su actividad mermó como destino de ultramar pero no deja de drenar hacia el insaciable mercado brasileño compuesto por una población de 200 millones de habitantes, y también para Argentina donde solo en 2025 se secuestraron siete avionetas procedentes con droga desde Paraguay

La cocaína que ahora está yendo a Argentina y que es retenida en Paraguay como centro de distribución sale a menudo de la zona del río Pilcomayo frente a Formosa, cuenta el agente de inteligencia, para que tengan los Cessna más autonomía de vuelo hacia la zona central argentina, tanto hacias las provincias de Santa Fe como Córdoba. Lo que coincide con los registros de causas llevadas por Procunar en Argentina.

 

La problemática de negocios de la economía de la droga tiene la carga violenta del Primer Comando de la Capital (PCC), la organización nacida en las cárceles de San Pablo que tomaron muy fuerte el territorio paraguayo a través de inversiones diversificadas y también con su fuerte influencia en presidios locales.

El exfiscal Marcelo Pecci.

 

“Hemos visto en muchas investigaciones cómo el PCC envía a gente a distintas ciudades paraguayas con una buena cantidad de plata. Se instalan en una linda casa, compran campos, estaciones de servicios, hoteles. Ahí empiezan a blanquear dinero a la vez que llevan cocaína hacia Pedro Juan o San Pedro. Los controles de las fronteras existen pero muchas veces las fuerzas que dejan pasar están asociadas. Lo más complicado es el traslado aéreo de Bolivia o Perú al Chaco. Desde ahí el transporte terrestre de la cocaína, en general en doble fondos de vehículos, no es un problema porque sale por la frontera seca hacia Brasil”. ¿Con qué ritmo? “Incesante”, dice el oficial de inteligencia. “Todos los días”.

 

El 19 de agosto de 2024 fue asesinado el diputado Eulalio “Lalo” Gomes cuando fuerzas de seguridad especiales entraron a su vivienda en Pedro Juan Caballero buscando a su hijo Alexandre Rodrigues, según evidencia exhibida por el Ministerio Público de Paraguay, tenía relaciones directas con un grupo de traficantes de cocaína del lado brasileño de la frontera.

Dos años antes se había concretado un crimen impresionante en su diseño, concreción y alcances institucionales: la ejecución a balazos del fiscal Marcelo Pecci que investigaba a organizaciones por lavado de dinero, mientras estaba de viaje de bodas en Cartagena, Colombia. En una serie de chats divulgados el aludido hijo de Lalo hablaba con un supuesto sicario condenado de matar a Pecci. El homicidio del fiscal aún no está esclarecido.

 

Las capacidades de la Justicia de investigar a organizaciones criminales ramificadas y sostenidas en estructuras políticas y de fuerzas de seguridad son limitadas. El viceministro del Interior Oscar Pereira indica a LPO que la descentralización de las investigaciones de delito complejo procura justamente que las pesquisas de casos pesados no queden en manos de fiscales que no poseen herramientas ni volumen institucional para afrontar el poder de grupos que se hamacan entre fronteras y que tienen un formidable poder económico. Y de exterminio.

Los controles de las fronteras existen pero muchas veces las fuerzas que dejan pasar están asociadas. Lo más complicado es el traslado aéreo de Bolivia o Perú al Chaco. Desde ahí el transporte terrestre de la cocaína, en general en doble fondos de vehículos, no es un problema porque sale por la frontera seca hacia Brasil

 

“Nosotros no podemos ni asomarnos a enfrentar a personas cuyo poder conocemos y que viven entre nosotros. No les llegamos ni a los talones. Los jueces ni siquiera nos darían órdenes de detención si se nos ocurriera pedirlas. No por corrupción sino por autoprotección. Lo de Pecci es muy aleccionador”, le dice a LPO un agente del Ministerio Público en Ciudad del Este.

 

El agente de la Senad que hizo reiteradas misiones en el Chaco Paraguayo, desde donde llegan regularmente cargamentos de cocaína por vía aérea, indica que es muy difícil por la vastedad del territorio controlar los descensos de las avionetas, vale decir, detectarlos. “Un paquete de un kilo de cocaína sale mil dólares en Bolivia. Sale 2.300 dólares en Asunción ya por el pago del flete. Y en Brasil desde donde sale a Europa ya subió más la ganancia a 3.000 dólares en Ponta Porá. A Brasil pasa con toda facilidad disimulada en soja o maíz u otras mercaderías de personas que las trasladan por tierra en vehículos en doble fondos y que tienen comprados a los controles”, refiere.

Óscar González, ministro de Defensa.

 

En las zonas del Chaco cercanas a la localidad de Filadelfia, en El dorado o Félix Estigarribia se encontraron caletas al estilo de las colombianas que son depósitos bajo tierra para esconder las cargas venidas del cielo. Estas madrigueras tienen una compuerta de aluminio y un revestimiento dentro de ellas para aislar la humedad. Es otra prueba constante de la vivacidad de esta potente economía ilícita.

 

Paraguay está hecho de los contrastes de los países sudamericanos. Sus principales carreteras son mejores que los caminos nacionales promedio de Argentina. Tiene agroindustria, manufactura, turismo, energías renovables, estabilidad macroeconómica, infraestructura y construcción que en zonas acomodadas de Asunción se notan a un ritmo febril. También exhibe estos muy fuertes rasgos que están planteados al desnudo y con toda vehemencia.

 

 

“Se insiste en representarnos como el dominio del mal”, le dice a LPO Damián Cabrera, uno de los más destacados escritores contemporáneos de Paraguay, sin que eso de su lado signifique negación o desdén de la crudeza y las desmesuras de un país donde los negocios del mercado criminal están manifiestamente asociados con la política.

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