Más de un millar de personas han sido ahorcadas en lo que va de 2025, en procesos sin garantías y con un fuerte peso de delitos de drogas y acusaciones de espionaje
Expertos de Naciones Unidas denunciaron este lunes la “escala asombrosa” de ejecuciones en Irán durante 2025, en lo que describen como una “escalada dramática” que vulnera de forma sistemática el derecho a la vida. Según sus cifras, más de 1.000 personas fueron ejecutadas en los primeros nueve meses del año, un promedio de nueve al día en las últimas semanas, lo que sitúa al país a la cabeza de la pena capital a nivel mundial.
Cinco relatores especiales —encargados de la situación de derechos humanos en Irán, las ejecuciones arbitrarias, las minorías, la tortura y la situación en Afganistán— firmaron un comunicado conjunto en el que advierten de una “práctica a escala industrial” de ejecuciones. “El volumen de ejecuciones en Irán desafía todos los estándares aceptados de protección de derechos humanos”, señalaron.
La mitad de las ejecuciones registradas corresponden a delitos de drogas, pese a que el derecho internacional solo permite aplicar la pena capital en los “crímenes más graves”, como homicidios intencionales. Los expertos recordaron que las infracciones vinculadas al narcotráfico “no alcanzan ese umbral” y acusaron a Teherán de incumplir sus compromisos internacionales.
La cifra marca un retroceso respecto a la tendencia descendente que se había observado entre 2018 y 2020, cuando una reforma a la ley antidrogas redujo los ahorcamientos anuales a unas 30 personas. Desde 2021, sin embargo, la curva se ha disparado de nuevo: 503 ejecuciones por drogas el año pasado y 499 ya en lo que va de 2025.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, confirman los datos. Ambas han documentado más de un millar de ejecuciones en lo que va del año, superando el total de 975 registrado en 2024. Entre los ejecutados figuran 28 mujeres, 58 ciudadanos afganos y un número “desproporcionado” de miembros de minorías étnicas, según Amnistía.
Los procesos judiciales, advierten las organizaciones, se caracterizan por la falta de garantías y por confesiones obtenidas bajo tortura o malos tratos. “Se trata de juicios sumarios que violan de manera flagrante los estándares básicos de debido proceso”, denunció IHR en su último informe.
El mismo día en que la ONU difundía su comunicado, las autoridades iraníes informaron de la ejecución de Bahman Choubi Asl, un experto en bases de datos acusado de espiar para el Mossad israelí. La agencia judicial Mizan lo presentó como un “espía de confianza” que trabajó en proyectos de telecomunicaciones sensibles, aunque no aportó pruebas.
Choubi Asl fue condenado por “corrupción en la Tierra”, un cargo de amplio espectro que la justicia iraní aplica en casos de espionaje, disidencia política o incluso actividad económica considerada subversiva. Su apelación fue rechazada por el Tribunal Supremo, y su ejecución se produjo sin que su caso hubiera sido difundido antes por los medios locales ni por colectivos de derechos humanos.
Con él, suman 11 los hombres ejecutados este año bajo acusaciones de espionaje para Israel, diez de ellos tras la guerra de doce días que enfrentó a ambos países en junio. El repunte coincide con un endurecimiento legislativo: el Consejo de Guardianes estudia un proyecto de ley que redefine la “colaboración con Estados hostiles”, ampliándola a supuestos como el contacto en redes sociales, la cooperación con medios extranjeros o la “alineación ideológica”.
En la práctica, la norma permitiría imponer la pena de muerte por actividades de expresión o comunicación que hoy serían legales en otros países. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha advertido que esta reforma “abre la puerta a una represión aún más amplia contra disidentes, periodistas y activistas”.
La comunidad internacional, subrayan los expertos, “no puede permanecer en silencio ante violaciones tan sistemáticas”. Reclaman acciones diplomáticas concretas para presionar a Teherán y frenar la espiral de ejecuciones. Hasta ahora, las condenas se han limitado a declaraciones, pero la magnitud del fenómeno plantea la posibilidad de medidas más severas.
Irán sostiene que la pena de muerte se reserva para los “delitos más graves” y ha defendido su aplicación como herramienta para combatir el narcotráfico y preservar la seguridad nacional. Sin embargo, los datos muestran un uso extensivo y creciente, con un impacto desproporcionado sobre colectivos vulnerables y minoritarios.
El repunte de ejecuciones amenaza con acentuar el aislamiento internacional de Teherán en un momento de elevada tensión regional, marcado por su confrontación con Israel y por la presión de las potencias occidentales sobre su programa nuclear. Para los expertos de la ONU, la “escala asombrosa” de la pena capital en el país se ha convertido ya en una de las violaciones más graves y urgentes de derechos humanos en el mundo actual.
