El máximo tribunal declaró abstracta la apelación del Ejecutivo pero no resolvió si la Cámara Laboral se extralimitó al fijar 30 días para enviar el proyecto de actualización de los sueldos. La sentencia 70/26 sigue firme, pero sin plazos concretos.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) evitó pronunciarse sobre el fondo de la disputa entre el Gobierno provincial y la intergremial docente en la disputa por los sueldos para el sector.
Con tres votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal declaró “abstracta” la apelación del Ejecutivo contra la resolución de la Cámara Laboral que le había fijado 30 días hábiles para enviar a la Legislatura un proyecto de ley de actualización salarial que reemplace a la histórica cláusula gatillo que el gobernador Leandro Zdero dio de baja en mayo de 2025.
La mayoría —integrada por los jueces Enrique Varela, Víctor Del Río y Emilia Valle— sostuvo que la cuestión perdió actualidad porque el Ejecutivo ya presentó el proyecto 2331/26 el 21 de septiembre. Sin objeto, no hubo pronunciamiento. Así, el STJ no respondió la pregunta central: si la Cámara se extralimitó al imponer un plazo que el propio STJ había dejado como “razonable” en la sentencia 70/26.
La disidencia de Iride Grillo fue en otra dirección: rechazar la apelación y confirmar la intimación. Argumentó que enviar un proyecto no equivale a cumplir la sentencia y que la tutela judicial efectiva exige resultados concretos, no declaraciones formales. Citó fallos de la Corte Interamericana.
Alberto Modi también disintió, pero para anular las resoluciones de la Cámara. Sostuvo que el STJ había fijado deliberadamente un plazo razonable, no rígido, y que la Cámara lo modificó al imponer 30 días. Habló de “extralimitación” y “nulidad absoluta”.
En términos prácticos, el fallo no convalidó ni anuló la intimación: la desactivó. La sentencia 70/26 sigue firme y obliga al Ejecutivo a garantizar la actualización salarial, pero sin plazo concreto. La pelota quedó en la Legislatura y la disputa de fondo sigue abierta.
ESCHACO
