Ante las reiteradas solicitudes de información, López Obrador dispuso la apertura inmediata de los archivos «que consideren necesarios y contribuyan al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos», explicó el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Arturo Medina Padilla.
En una carta dirigida a los familiares de los estudiantes desaparecidos, el funcionario reiteró «el compromiso del Gobierno de México de trabajar sin descanso hasta dar con el paradero de sus hijos y de llevar a cabo las acciones necesarias para el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero».
Asimismo, Medina Padilla manifestó la permanente disposición al diálogo directo y al trabajo coordinado y destacó que el Gobierno actúa con «total transparencia» y entregó «toda la información que se ha solicitado, como se ha informado por escrito y de forma directa», informó la agencia de noticias Europa Press.
La decisión satisface una de las demandas clave de las familias de los desaparecidos, aunque el Gobierno considera fundamental que la apertura no sea indefinida.
El 26 de septiembre de 2014, casi un centenar de jóvenes que viajaba en cinco autobuses fue atacado en la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, cuando se disponían a participar en la manifestación anual de conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza Tlatelolco de la capital, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.
Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada «verdad histórica», policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos con integrantes de una banda rival.
La hipótesis oficial fue refutada por los expertos, que consideran que no existen evidencias científicas para sostenerlo.
El Gobierno de López Obrador desmintió esa «verdad» al concluir que fue un «crimen de Estado» en el que participaron autoridades de todos los niveles, una conclusión que arrojó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa en su informe.
