La diputada de La Libertad Avanza impulsa un régimen nacional para regular estos establecimientos, pero la iniciativa es cuestionada por organizaciones proteccionistas.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt presentó este jueves en la Cámara de Diputados su proyecto para crear un Régimen Nacional de Presupuestos Mínimos para la regulación de criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía, una iniciativa que generó cuestionamientos entre sectores de la comunidad proteccionista.
El proyecto busca establecer un marco regulatorio común para la cría, guarda, alojamiento temporal, tránsito, rescate, rehabilitación y refugio de animales de compañía. Entre otras cuestiones, fija estándares mínimos de alojamiento, alimentación, higiene, atención veterinaria y cuidado, además de reconocer a los animales como seres sintientes.
Durante la presentación, Reichardt defendió la necesidad de establecer reglas comunes a nivel nacional y sostuvo que el objetivo es mejorar las condiciones de cuidado. “Queremos establecer reglas claras y condiciones mínimas de cuidado para proteger a los animales y acompañar a quienes trabajan responsablemente en su rescate, atención y bienestar”, señaló la legisladora.
Sin embargo, el proyecto de la diputada libertaria encontró resistencia entre organizaciones y referentes proteccionistas, que cuestionan particularmente que la iniciativa incluya dentro de un mismo esquema regulatorio a criaderos comerciales, refugios, ONG y hogares de tránsito.
El punto que genera polémica entre los proteccionistas
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proyecto podría terminar legitimando y regulando la actividad de los criaderos comerciales, en lugar de avanzar hacia una prohibición de la comercialización de animales de compañía. Desde ese sector también consideran que resulta problemático establecer exigencias edilicias y mecanismos de fiscalización similares para quienes desarrollan una actividad comercial y para las organizaciones que rescatan animales abandonados y los mantienen de manera voluntaria.
El argumento de los proteccionistas es que no debería medirse con la misma vara a quien obtiene un rédito económico mediante la cría y venta de animales y a quien sostiene un refugio o un hogar de tránsito como parte de una tarea de rescate. En ese sentido, plantean que el Estado debería priorizar políticas públicas destinadas a la castración masiva, la adopción responsable y la reducción de la cantidad de animales en situación de calle, antes que establecer un marco para el funcionamiento de un mercado de compraventa de mascotas.
Qué establece el proyecto de Karen Reichardt
La iniciativa presentada por Reichardt establece requisitos para la habilitación, funcionamiento, fiscalización y control de los establecimientos y personas que desarrollen actividades vinculadas con los animales de compañía. Entre las medidas contempladas aparecen estándares mínimos de alojamiento, alimentación, higiene y atención veterinaria.
Asimismo, implica la Identificación y trazabilidad de los animales; protocolos sanitarios y de emergencia; límites de capacidad para evitar situaciones de hacinamiento; la obligación de contar con un director técnico veterinario; regulaciones específicas para criaderos, refugios y hogares de tránsito; condiciones particulares para el transporte de animales; y un régimen de sanciones ante incumplimientos.
En el caso de los refugios y hogares de tránsito, el proyecto contempla además la esterilización de los animales antes de su adopción y promueve mecanismos de adopción responsable. La propuesta también incorpora las denominadas “Cinco Libertades”, un conjunto de estándares internacionales relacionados con el bienestar animal: alimentación adecuada, atención sanitaria, seguridad, posibilidad de desarrollar comportamientos propios de la especie y protección frente al miedo y el sufrimiento.
Criaderos, refugios y hogares de tránsito bajo una misma ley
Otro de los ejes de la iniciativa es establecer un marco nacional que permita reducir las diferencias existentes entre las distintas jurisdicciones y fortalecer los mecanismos de fiscalización. Para Reichardt, contar con reglas comunes permitiría mejorar los controles y prevenir situaciones de maltrato animal, además de establecer condiciones mínimas para quienes trabajan con animales.
La iniciativa también determina que los recursos obtenidos a través de las multas sean destinados a programas y acciones de protección, bienestar, cuidado y tenencia responsable. La discusión de fondo será si el Estado debe regular la actividad de los criaderos comerciales o avanzar hacia mayores restricciones sobre la reproducción y comercialización de animales, una diferencia que divide a los distintos sectores vinculados a la protección animal.
