El acusado habría estafado al menos a 16 personas. En paralelo, está imputado en una causa por abuso sexual de adolescentes del club donde era entrenador.
Mientras avanza la causa por abuso sexual contra adolescentes, el entrenador de fútbol del club Unión Vecinal de Neuquén también quedó bajo la mira por una serie de estafas millonarias. El primero en denunciarlo fue Mario, un vecino de toda la vida que asegura que el acusado dejó a su familia atrapada en una deuda de 77 millones de pesos.
Julieta, hija de Mario, es una estudiante avanzada de Abogacía y trabajó durante cuatro años junto al ahora imputado en un estudio jurídico de Neuquén. La relación entre ambas familias era estrecha desde hacía décadas. “Vivíamos enfrente hace 25 años. Nuestros hijos crecieron juntos”, recordó el hombre en diálogo con la radio local LU5.
Según contó, la confianza era absoluta. La joven hacía media jornada en el estudio mientras terminaba la carrera y la familia veía esa experiencia laboral como una oportunidad ideal para su formación profesional. Nunca pensaron que, detrás de ello, se estaba gestando una maniobra que terminaría con denuncias penales y deudas millonarias.
Todo salió a la luz cuando comenzaron a aparecer créditos, consumos y movimientos bancarios desconocidos a nombre de la joven. Para entonces, gran parte de las operaciones ya estaban judicializadas. “Nos enteramos de casualidad. Antes era imposible saberlo porque las comunicaciones con los bancos estaban hechas con correos falsos y chats a nombre de la persona estafada”, explicó Mario.
De acuerdo con la denuncia, el acusado habría utilizado datos personales y documentación de personas cercanas y clientes del estudio para gestionar créditos online sin autorización. En el caso de Julieta, la deuda acumulada asciende a 77 millones de pesos y la familia asegura que enfrenta una situación económica límite.
Mario sostuvo que gran parte de las maniobras se realizaron de manera virtual, sin presencia física de las víctimas. “Nunca nadie abrió una cuenta personalmente. Todo se hacía con correos electrónicos, recibos de sueldo adulterados, firmas digitales falsas y extensiones de tarjetas que llegaban a su domicilio”, afirmó.
El hombre también apuntó contra las entidades bancarias por la falta de controles. Con el avance de la investigación comenzaron a aparecer más damnificados. Mario aseguró conocer al menos 16 casos de personas afectadas económicamente, entre ellas clientes previsionales del estudio jurídico, y las deudas rondarían los mil millones de pesos. Según explicó, algunas validaciones biométricas y capturas de imagen que los clientes entregaban para iniciar trámites jubilatorios habrían sido utilizadas para gestionar operaciones crediticias.
La causa tomó una dimensión aún mayor cuando se conocieron las denuncias por delitos contra la integridad sexual de adolescentes que entrenaba en el club Unión Vecinal. Para Mario, ambos expedientes están conectados. “Después empezó a cerrarse el circuito del dinero. Ahí entendimos para qué era toda esa plata”, señaló.
Según la investigación judicial, el acusado habría utilizado parte del dinero obtenido mediante créditos fraudulentos para financiar viajes, regalos y compras de dispositivos electrónicos: “Pagaba viajes, hacía regalos, compraba teléfonos y notebooks. Todo eso lo fuimos descubriendo después”.
De acuerdo con el expediente, los hechos vinculados a la causa por abuso sexual comenzaron en 2025, cuando D.E.M., de 28 años, contactó a uno de los adolescentes para incorporarlo a un equipo de fútbol. La acusación sostiene que, a partir de entonces, construyó un vínculo cercano que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo.
La Justicia lo imputó por abuso sexual, grooming, corrupción de menores, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas. A su vez, también habría hecho ofrecimientos de dinero a cambio de contenido sexual, amenazas hacia el entorno familiar de las víctimas y contactos físicos sin consentimiento.
Mientras tanto, la familia de Julieta inició acciones penales y civiles. Por un lado, apuntan contra el acusado por las presuntas estafas; por otro, avanzan contra las entidades bancarias por la supuesta negligencia en los controles. “Los bancos primero responden que la persona autorizó la operación. Después tenés que demostrar todo lo contrario”, explicó Mario.
“Lo de los abusos es gravísimo y tiene que investigarse a fondo, pero también hay familias destruidas económicamente. No puede quedar en segundo plano”, concluyó.
