En el marco del Día de la Madre, el Comité para la Prevención de la Tortura de la Provincia del Chaco recordó la necesidad de que el Estado provincial y los poderes judiciales adopten medidas alternativas a la prisión para las mujeres que tienen a su cargo niños y niñas pequeñas, tal como lo establecen los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Actualmente, dos mujeres madres permanecen privadas de su libertad en la Alcaidía Unidad Penitenciaria de Mujeres 1, situación que el Comité considera incompatible con los principios de humanidad y el interés superior del niño.
“Se le recuerda al Estado su obligación de garantizar un tratamiento especializado para las madres y sus hijos en contexto de encierro, así como de propiciar medidas alternativas a la prisión, como la prisión domiciliaria con o sin vigilancia electrónica, conforme lo dispone la Ley de Ejecución Penal N° 24.660 y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe ‘Mujeres Privadas de Libertad en las Américas’”, expresó el Comité.
“El enfoque de género no debe ser sólo un eslogan, sino una política concreta que se materialice en la realidad de las mujeres madres detenidas”, agregó el organismo.
El informe de la CIDH (2023) señala que los niveles de encarcelamiento de mujeres en las Américas crecieron más de un 56% en los últimos años, siendo la región con la tasa más alta del mundo. Este incremento se asocia principalmente al endurecimiento de las políticas de drogas y a la falta de perspectiva de género en el sistema penal.
El documento también advierte que la prisión tiene impactos desproporcionados en las mujeres y en sus hijos e hijas, al generar la pérdida de vínculos familiares, dificultades para el contacto y efectos negativos en el desarrollo integral de los niños que viven en contextos de encierro.
En la misma línea, un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) —que analiza la situación de mujeres embarazadas, madres y niños/as en cárceles federales argentinas entre 2014 y 2023— destaca la necesidad de fortalecer la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento y de garantizar condiciones dignas de detención cuando no sea posible su otorgamiento.
Entre sus hallazgos, el informe subraya que si bien la cantidad de mujeres embarazadas y madres en prisión disminuyó durante la pandemia, en los últimos años se observa una leve tendencia al aumento. Asimismo, se evidencian dificultades estructurales para acceder a medidas domiciliarias, falta de programas de reinserción con enfoque de género y subregistro de datos oficiales.
El Comité recordó que tanto las Reglas de Bangkok (ONU, 2010) como la Opinión Consultiva N° 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos instan a los Estados a priorizar el uso de medidas no privativas de la libertad para mujeres embarazadas o con hijos pequeños, y a garantizar la protección del interés superior del niño/a.
Finalmente, el organismo chaqueño reafirmó su compromiso de seguir monitoreando la situación de las mujeres privadas de libertad y de promover políticas públicas que incorporen una perspectiva de género y derechos humanos en el sistema penitenciario provincial.
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