Disputas históricas por la tierra, intereses agroindustriales, narcotráfico, crimen organizado persisten
El conflicto del Bajo Aguán en Honduras se profundizó desde fines de la década de 2000 y combina una disputa agraria por tierras en el departamento de Colón con violencia armada, presencia de fuerzas de seguridad y avance de redes criminales ligadas al narcotráfico. Organismos de derechos humanos registraron decenas de muertes y desplazamientos forzados.
Ubicado en Colón, al noreste de Honduras, y a unas siete horas de Tegucigalpa, el Bajo Aguán concentra tierras fértiles para palma africana, banano y granos básicos.
Esa productividad lo volvió un punto clave para la economía local y, con el tiempo, un territorio disputado por cooperativas campesinas, empresas agroindustriales y grupos armados.
La tensión escaló tras la crisis política de 2009: desde entonces, informes de organizaciones internacionales y reportes periodísticos describen un aumento de los homicidios, denuncias por abusos en operativos de seguridad y el ingreso de estructuras criminales a la región.
Disputas en el Bajo Aguán
El conflicto moderno se remonta a la reforma agraria impulsada por el Estado hondureño en la década de 1970, cuando miles de hectáreas pasaron a cooperativas campesinas para ampliar el acceso a la tierra y reducir la desigualdad en el campo.
El escenario cambió en 1992, con una reforma a la Ley de Modernización Agrícola que habilitó la venta legal de muchas de esas tierras a empresas privadas y grandes terratenientes.
Desde entonces, amplias extensiones quedaron concentradas en manos de grupos agroindustriales vinculados principalmente al cultivo de palma africana, según reclamos sostenidos por organizaciones campesinas.
Organizaciones rurales denunciaron durante años que parte de esas transacciones se hicieron con presiones, irregularidades o condiciones desfavorables para los agricultores. Esa disputa por la propiedad se convirtió en el eje del conflicto.
Desalojos y escalada de violencia
En las últimas dos décadas, cooperativas y movimientos campesinos ocuparon fincas para reclamar derechos sobre tierras que consideran históricas, mientras empresarios y compañías defendieron su propiedad en tribunales. La tensión derivó en enfrentamientos armados, desalojos y asesinatos.
Human Rights Watch informó que entre 2009 y 2012 murieron al menos 92 personas en el contexto del conflicto agrario del Bajo Aguán, con mayoría de víctimas vinculadas a movimientos campesinos.
Otros reportes periodísticos y de organizaciones de derechos humanos elevaron el saldo a más de 200 muertos en años recientes, entre campesinos, guardias de seguridad, policías, militares y civiles.
La respuesta de distintos gobiernos incluyó el despliegue de tropas militares y fuerzas especiales con el argumento de recuperar control territorial y contener la violencia.
Organismos defensores de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales, desalojos forzosos, torturas y uso excesivo de la fuerza contra comunidades campesinas durante esos operativos.
Narcotráfico y estructuras criminales
Con el paso de los años, el Bajo Aguán se consolidó también como un corredor atractivo para el narcotráfico por su cercanía al Caribe, la amplitud de zonas rurales y la debilidad institucional del Estado en áreas de difícil acceso.
Investigaciones periodísticas y reportes internacionales advirtieron que estructuras criminales aprovecharon la disputa territorial, la pobreza y la falta de control estatal para instalarse o ampliar su influencia.
Autoridades hondureñas y organismos internacionales alertaron en varias ocasiones sobre la presencia de grupos armados, redes del narcotráfico y bandas criminales operando en la zona.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió al Estado hondureño “desmantelar las estructuras criminales” y redes de violencia presentes en Colón, al señalar que el problema excede el conflicto agrario tradicional.
Desplazamiento e impunidad en Colón
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denunciaron que cientos de campesinos abandonaron sus hogares por amenazas, asesinatos y ataques armados, en un contexto de temor sostenido en varias comunidades.
A la violencia se suma la pobreza estructural: pese a la producción agrícola de la región, muchas localidades registran acceso limitado a empleo formal, salud, educación y seguridad, según diagnósticos citados por especialistas y organizaciones locales.
La impunidad también figura como factor de persistencia del conflicto. Diversos organismos entre ellos la Policía Nacional, sostienen que la mayoría de los asesinatos registrados en el Bajo Aguán no se esclarecen en sede judicial, lo que profundiza la desconfianza hacia las instituciones.
Sectores empresariales, a la vez, denunciaron que la falta de seguridad jurídica y el avance del crimen organizado afectan inversiones y producción agrícola, con impactos sobre la economía de la zona.
El foco sobre el Bajo Aguán
En los últimos años se registraron períodos de menor intensidad, pero de forma recurrente resurgen hechos violentos. Las masacres recientes en Colón devolvieron al Bajo Aguán al centro de la atención nacional e internacional, según reconocieron autoridades y organismos de derechos humanos.
Organizaciones sociales sostienen que la expansión de proyectos extractivos, agroindustriales y actividades vinculadas al narcotráfico ha provocado un incremento de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados contra líderes campesinos y ambientales.
Mientras tanto, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó preocupación por la situación del Bajo Aguán y documentó denuncias sobre desalojos extrajudiciales, intimidaciones y asesinatos contra miembros de cooperativas campesinas. El organismo calificó como “alarmante” el incremento de violencia y criminalización contra comunidades que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras.
