Veinticuatro referentes Qom de más de treinta comunidades de Pampa del Indio interpusieron una acción de amparo colectivo contra el gobierno de Leandro Zdero. Denuncian centros de salud sin médicos, medicamentos que no alcanzan para nadie, ambulancias que no llegan y años de abandono estatal sistemático.
Hay familias que salen de madrugada, cerca de la una de la mañana, para intentar conseguir un turno médico en el hospital de Pampa del Indio. Caminan o van en moto por caminos de tierra que, cuando llueve, se vuelven intransitables. Llegan al alba, hacen fila, y muchas veces se vuelven sin atención: los turnos se agotan —apenas siete u ocho por día— y no queda más remedio que regresar al día siguiente y repetir el intento.
Esa escena, que se repite con variantes en decenas de parajes del norte chaqueño, es la que llevó a veinticuatro referentes indígenas de comunidades qom de Pampa del Indio a tomar una decisión. El 30 de abril de 2026, tras levantar un acampe de dos días en el acceso norte de la localidad, resolvieron canalizar su reclamo por vía judicial. Encargaron a la Defensora General Adjunta del Poder Judicial del Chaco, Gisela Gauna Wirz, la presentación de una acción de amparo colectivo contra el Estado provincial.
El instrumento al que tuvo acceso LITIGIO, de más de cincuenta páginas, fue presentado ante el juez, Gonzalo García Veritá a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Castelli en los primeros días de mayo. Es un retrato descarnado de lo que significa vivir en las comunidades indígenas del Impenetrable chaqueño cuando el cuerpo falla y el Estado no aparece.
Un recorrido
Los días 5 y 6 de mayo, los propios referentes guiaron a la defensora y su equipo por los parajes y centros de salud de la zona. Lo que encontraron quedó documentado en fotos, testimonios y registros que ahora forman parte de la prueba judicial.
En el paraje Campo Alemany, donde viven unas 200 personas, ya no hay puesto sanitario: fue retirado, y las familias deben recorrer cuatro kilómetros para acceder a atención. Hay una mujer con tuberculosis. Hay personas con problemas de visión que no reciben atención especializada. Los medicamentos para la hipertensión muchas veces no están disponibles. Una madre recibió indicación de hacerse una ecografía por su cuenta: el costo, unos $100.000, era imposible de afrontar. La alternativa era viajar hasta el hospital de General San Martín, pero tampoco había dinero para el pasaje.
En el Centro de Salud del Paraje 10 de Mayo, con 70 familias, los dos enfermeros que sostienen el lugar no ven a un médico desde agosto de 2025. A veces reciben apenas 10 jeringas por mes. Al momento del relevamiento quedaba una sola ampolla de dexametasona. Faltan paracetamol, ibuprofeno, jarabes, medicamentos para diabetes e hipertensión. No tienen teléfono de línea ni internet. La señal de celular es casi nula.
En Campo Medina, con aproximadamente 600 familias, no hay médico que concurra regularmente desde la pandemia. Los caminos se vuelven imposibles cuando llueve: las ambulancias no pueden entrar ni salir. El centro no tiene nebulizador, no tiene oxígeno, no tiene tensiómetro, no tiene balanza para adultos. Dos enfermeros atienden a una población enorme y dispersa. “La gente no puede estar trotando 40 kilómetros hasta el pueblo”, dijeron los vecinos.
En Cuarta Legua, atienden unas 600 personas por mes con cinco enfermeros pero sin médico —la atención se interrumpió hacia noviembre de 2025. En la última entrega de medicamentos recibieron apenas tres tabletas de diclofenac para todo el mes. El personal de limpieza no existe: los propios enfermeros machetean los yuyales alrededor del edificio.
En Pampa Chica, hace entre cinco y siete años que no hay médico. Los centros no tienen computadoras, y los datos de vacunación que el sistema nacional exige para que las madres cobren las asignaciones sociales deben cargarse desde teléfonos celulares personales —cuando hay señal y cuando hay crédito.
En el Lote 101 (Campo Medina), los trabajadores del centro han llegado a comprar pastillas de su propio bolsillo para poder atender a la gente. El edificio no tiene baño. El pozo de agua está descubierto, a la intemperie, a pocos metros de donde juegan los niños. Desde 1982 no se realizan refacciones importantes.
En el CIC de Pueblo Viejo, que da servicio a unas 7.000 personas, no hay médicos —con excepción de la odontóloga. Faltan medicamentos para diabetes, hipertensión, anticonceptivos, psicofármacos y anticonvulsivos. Se registran 14 pacientes con tuberculosis y 10 niños con desnutrición, bajo peso o talla baja. El codirector qom que existía en el hospital fue removido por la actual administración, sin reemplazo.
“De un lado al otro”
“Nos tienen como una pelota de un lado al otro”. La frase la dijeron los vecinos de Campo Alemany, y resume la percepción generalizada. “Parece que las personas se tienen que morir nomás en sus casas”, agregaron.
No es hipérbole. El amparo documenta caso tras caso de personas que no reciben la atención que necesitan: un niño con cáncer cuyo padre vende sus pertenencias para comprar medicamentos y pagarse el viaje a Resistencia. Familias que durmieron en la vereda del Hospital Perrando porque no tenían dónde quedarse. Una persona con esquizofrenia que lleva dos o tres años sin medicación psiquiátrica. Dos mujeres que parieron en sus comunidades porque la ambulancia no pudo entrar al paraje. Una mujer con fractura que no pudo ser trasladada porque no había dinero para nafta.
El sistema de emergencias es otro capítulo oscuro. El 107 muchas veces no responde. Las dos ambulancias que tiene el hospital —conseguidas, según cuentan los vecinos, a través de cortes de ruta en 2022 o 2023— son insuficientes para una zona que abarca decenas de kilómetros de caminos rurales. Cuando la ambulancia llega, traslada a la persona al hospital, pero luego esa persona queda abandonada allí y debe regresar 40 kilómetros como pueda, sin dinero y sin transporte.
El colapso es estructural
Lo que el amparo describe no son fallas aisladas ni problemas coyunturales. Es un patrón que se repite en cada paraje visitado: ausencia de médicos (en varios centros, desde hace años), medicamentos insuficientes o directamente inexistentes, equipamiento básico inexistente, falta de agua, falta de conectividad, falta de comunicación para emergencias.
La situación contrasta dramáticamente con los costos de la atención privada que los propios documentos mencionan: una consulta particular cuesta alrededor de $30.000, un análisis de sangre $60.000, una ecografía $100.000. Para comunidades que sobreviven de changas y pensiones no contributivas de $320.000 —cuando las tienen— esos números hacen inaccesible cualquier alternativa al sistema público. Y el sistema público no funciona.
A eso se suma la presencia de vinchucas en viviendas precarias, denunciada por los propios habitantes con fotografías y videos. El Chagas, enfermedad de la pobreza, acecha en las grietas de los ranchos. El amparo señala que la Ley Nacional 26.281 declaró de interés nacional el control de la enfermedad —pero en la zona no hay vigilancia entomológica, no hay fumigaciones sistemáticas, no hay diagnósticos ni seguimientos.
Lo que piden
La acción judicial tiene dos carriles. Por un lado, una medida cautelar urgente: que la Provincia garantice de manera inmediata la provisión de medicamentos esenciales en el Hospital de Pampa del Indio y en todos los centros de salud de la zona.
Por otro, la pretensión de fondo: que el Estado elabore e implemente un plan de cumplimiento con plazos, responsables y mecanismos de control, que incluya más médicos en el hospital, rondas sanitarias periódicas en los parajes (al menos una o dos veces por mes), dos ambulancias adicionales para la zona, provisión continua de medicamentos, equipamiento básico, conectividad para emergencias, acciones contra el Chagas e incorporación de agentes sanitarios indígenas.
También se pide una audiencia pública en territorio —en Pampa del Indio, no en una sede judicial distante— para que los referentes comunitarios puedan hablar directamente ante el juez. “Exigir que se trasladen a una sede judicial reproduciría las mismas barreras de acceso que se denuncian en materia sanitaria”, dice el escrito.
Una deuda
No es la primera vez que la situación de los pueblos indígenas del Chaco llega a los tribunales. El amparo cita el caso “Instituto del Aborigen Chaqueño y pueblos indígenas Qom, Wichi y Mocoví c/ Gobierno de la Provincia del Chaco”, de 2008, en el que la Justicia chaqueña ordenó al Estado provincial dar cumplimiento inmediato a sus obligaciones constitucionales con los pueblos indígenas. La sentencia fue confirmada por la Cámara y por el Superior Tribunal de Justicia.
También cita el caso que llegó a la Corte Suprema de la Nación, donde el Máximo Tribunal ordenó suministrar agua potable, alimentos y medios de transporte y comunicación a comunidades indígenas del norte chaqueño.
Los actores del nuevo amparo son explícitos: esos antecedentes no demuestran que el problema fue resuelto, sino que el Estado sabe desde hace décadas cuál es la situación y no la remedió. “La persistencia de las mismas barreras estructurales confirma que la vulneración del derecho a la salud no ha sido removida”, dice el documento.
La palabra de las comunidades
El amparo lleva las firmas de veinticuatro referentes indígenas. Detrás de cada firma hay una comunidad: Campo Alemany, Parque Industrial, Villa del Norte, 100 Viviendas, Barrio Taigoyé, Barrio 22 de Agosto, Campo Medina, La Herradura, Tres Lagunas, Pueblo Viejo, y más de veinte nombres más que dibujan la geografía del abandono en el norte del Chaco.
Están patrocinados por la Defensora General Adjunta del Poder Judicial provincial, lo que subraya que el reclamo no viene solo de las comunidades sino también del propio Estado —al menos de una de sus instituciones— reconociendo la gravedad de lo que ocurre.
La presentación cierra con una frase que condensa el reclamo: cuando el Estado no asegura las condiciones mínimas para que comunidades indígenas rurales accedan a servicios de salud, medicamentos, emergencias, agua segura y atención primaria, “el derecho a la salud deja de ser una proclamación abstracta” y debe transformarse en una garantía efectiva. El tribunal tiene ahora la palabra.
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