El Consejo Superior ratificó la emergencia presupuestaria; reclamó actualizar partidas y advirtió por el impacto en salarios, hospitales e investigación.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 no contempla los recursos previstos por esa norma. A través de una resolución unánime de su Consejo Superior, la institución ratificó además la situación de emergencia presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema.
Las autoridades universitarias remarcaron que “la aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.
El reclamo se produce en medio de la disputa abierta entre el Ejecutivo y las universidades por el financiamiento de las universidades nacionales. Aunque el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el veto del presidente Javier Milei, el Gobierno decidió promulgar la norma sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación, con el argumento de que no establece fuentes de financiamiento específicas.
En ese contexto, la resolución aprobada por el Consejo Superior también advierte que “promover una educación de calidad en todos los niveles constituye una obligación indelegable del Estado” y plantea la necesidad de avanzar en un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y las universidades para sostener el sistema.
Emergencia salarial
La resolución aprobada por el Consejo Superior confirmó la emergencia salarial para docentes y trabajadores nodocentes de la universidad, incluidos los profesionales de la salud que trabajan en hospitales universitarios. La declaración también alcanza a las tareas vinculadas con la investigación y la extensión universitaria.
Las autoridades de la casa de altos estudios también remarcaron que la ley sancionada por el Congreso establece como destinos prioritarios, además de la recomposición salarial, el fortalecimiento de las becas estudiantiles, la mejora de la infraestructura universitaria y el financiamiento de las actividades de enseñanza.
Por eso, solicitaron a los ministerios de Capital Humano y de Economía “la urgente actualización, en línea con la inflación observada, del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de la Universidad”.
Pedido de actualización del presupuesto
El pedido pone especial énfasis en las partidas vinculadas con la función salud, un área que concentra parte importante de las actividades institucionales, y advierte que el presupuesto nacional aprobado para 2026 “no contempló lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, ni prevé la actualización correspondiente para los gastos de funcionamiento”.
Según el Consejo Superior, además de la red de hospitales e institutos universitarios que dependen de la UBA, la universidad realiza tareas asistenciales a través de seis centros que brindan atención de alta complejidad y funcionan, al mismo tiempo, como hospitales escuela. Esos establecimientos permiten “la formación de profesionales de la salud, el desarrollo de residencias, la investigación médica y la producción de conocimiento científico”, indicó la casa de altos estudios.
Para la UBA, el papel del sistema público es central en la formación de profesionales estratégicos para el país. Las universidades nacionales gradúan cerca del 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina, según cifras oficiales.
En ese contexto, el Consejo Superior advirtió que para sostener esas funciones “resulta indispensable contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar y sostener las actividades universitarias” y reiteró el pedido al Gobierno para que aplique la ley vigente y garantice el financiamiento del sistema.
Escala el conflicto entre el Gobierno y las universidades
El conflicto por el financiamiento universitario se arrastra desde 2024, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector. Milei vetó la norma, pero ambas cámaras rechazaron ese veto y la ley quedó firme.
Sin embargo, el Gobierno decidió promulgarla sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación. En la Casa Rosada sostienen que la norma no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento y argumentan que su aplicación tendría un fuerte impacto fiscal.
La Justicia intervino en la disputa. El juez federal Martín Cormick ordenó suspender el decreto que había dejado sin efecto la aplicación de la ley y dispuso que el Ejecutivo debe cumplir con las actualizaciones salariales y de becas previstas en la norma.
Mientras ese frente judicial sigue abierto, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar el esquema de financiamiento universitario. La iniciativa busca establecer un sistema que contemple partidas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas, con actualizaciones vinculadas al índice de inflación.
