La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había beneficiado a dirigentes de Camioneros y a otros acusados en el caso por el desvío de dosis de la vacuna Sputnik V en Chubut.
La sentencia, firmada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, dejó sin efecto la suspensión del juicio otorgada por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Entre los alcanzados se encuentra Jorge Taboada, segundo de Hugo Moyano en la Federación Nacional de Camioneros, junto con otros 20 afiliados. En consecuencia, los imputados deberán enfrentar un juicio oral y público bajo la acusación de encubrimiento.
El caso se remonta a enero de 2021, cuando se detectó la desaparición de 30 dosis de Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
La investigación y las maniobras
De acuerdo con la causa, los dirigentes habrían accedido a la vacuna mediante un circuito irregular. Para ello, pagaban sumas que iban desde 400.000 hasta 3.000.000 de pesos, aun cuando no formaban parte del personal de salud.
En instancias previas, ya habían sido condenados la enfermera Analía Muñoz, sentenciada a tres años en suspenso por hurto y cohecho pasivo, y Marcos Paura, empleado de la obra social, a dos años y medio por cohecho activo.
Argumentos del tribunal
La suspensión del juicio es un hecho. Casación sostuvo que la oposición del fiscal general, Teodoro Nürnberg, era válida y debía respetarse. Según el fallo, la probation no puede aplicarse en delitos vinculados con corrupción o salud pública, ya que comprometen la reputación del Estado.
Los jueces recordaron además los compromisos internacionales de la Argentina contra la corrupción. “Estos hechos deben ventilarse en juicio oral, de cara a la sociedad”, señalaron.
Las defensas y el contexto político
El abogado de Taboada, Guillermo Iglesias, criticó el proceso y aseguró que no existen pruebas directas que vinculen a los acusados con las dosis. Sostuvo que el expediente se apoya en inferencias y que la causa responde a motivaciones políticas.
El caso se enmarca en el debate nacional sobre los llamados “vacunatorios VIP” ocurridos durante la pandemia y ocurre en un escenario político marcado por las tensiones con el gobierno de Javier Milei. Con esta decisión, la causa regresa al Tribunal Oral Federal, que deberá resolver si los 21 imputados enfrentan juicio completo o si algunos pueden insistir con beneficios limitados.
