«El 90% de los argentinos no se atiende en una prepaga y más de 20 millones tiene Cobertura Pública Exclusiva (CPE) en los 1.700 hospitales y 6 mil unidades sanitarias», dijo la dirigente.
La también jefa del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de Santa Fe (Siprus) sostuvo en un comunicado que «el conglomerado de empresas prepagas asciende a poco más de 600 y ofrece cobertura médica a 5 millones de argentinos, o sea solo el 10%».
El DNU promueve la liberación de los precios de sus cuotas y permite a los afiliados redireccionar de forma directa sus aportes de salud a esas empresas.
«El 70% de los usuarios del sistema público es pobre y no solo tiene CPE sino que muchos no tienen cobertura de seguridad social. Ese sistema público estatal está creciendo en productividad a pesar de su crónica crisis de financiamiento. En 2013 se realizaron 110 millones de consultas ambulatorias y, en 2019, 150 millones», enfatizó la dirigente.
Según Boriotti, el 80% de la financiación del sistema público está a cargo de las provincias y los municipios (65% y 15%, respectivamente), por lo que «el efecto de la restricción de los recursos coparticipables será devastador», y añadió que «el 20% que aporta el Ministerio de Salud nacional tendrá, según el Gobierno, el presupuesto congelado en los niveles de 2023, lo que significa devaluarlo en un 140%».
Consideró que ello afectará los programas de vacunación, salud reproductiva, sida, tuberculosis, oncológicos y otros, y advirtió que de forma previsible «el descreme programado de la cartera de las obras sociales y la caída del salario real impactará de lleno en el nivel prestacional de la seguridad social, lo que significará que la rueda de auxilio -siempre fue el sector público- deberá funcionar al doble y sin recursos», afirmó.
«Las prepagas, entonces, absorberán a los usuarios de salarios altos y deglutirán a las prepagas pequeñas, concentrando aún más el mercado», dijo, y afirmó que «el complejo médico industrial financiador y prestador será el gran ganador y, los usuarios del sector público -trabajadores en blanco de ingresos medios y bajos y los jubilados-, serán los perdedores», puntualizó.
Boriotti incluyó entre esos perdedores al medio millón de trabajadores de la salud pública, a quienes el Gobierno, dijo además, pretende cercenar «el derecho de huelga».
