El fallo de la Sala I de dicha Cámara benefició a los acusados Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras y Fernando Gastón Martín Carrizo; en tanto que continuarán en la cárcel Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Horacio Mariano Córdoba.
Los camaristas Miguel María Alberdi, Miguel Carlos Navascues y Guillermo Alejandro Rolón confirmaron la resolución de septiembre pasado del juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, quien procesó con prisión preventiva a Pilepich y Vargas como «coautores» del homicidio calificado del empresario y a Córdoba como «partícipe secundario» del crimen.
Para la Cámara, Gil y Carrizo «no pueden considerarse coautores del homicidio», tal como sostuvo el magistrado a requerimiento de la fiscalía, ya «no efectuaron los disparos que mataron a la víctima y si eventualmente ayudaron y/o colaboraron -luego del homicidio- a deshacerse del cuerpo, no está acreditado que esa conducta haya obedecido a una promesa anterior, sino más bien a ayudar a los autores a eludir las investigaciones y sustraerse de la acción de la justicia».
«(…) la eventual ayuda o colaboración que pudieron haber prestado Carrizo y Gil después de consumado el homicidio, aportando movilidad y/o logística (…) o una actividad tendiente a lograr deshacerse del cuerpo (…) puede, en todo caso, constituir otro delito», sostuvieron los camaristas en su fallo de 12 páginas al que accedió Télam y añadieron que Contreras está «en la misma situación».
Según la Cámara, «en atención a que en relación a los nombrados no existe imputación alternativa, corresponde revocar el auto impugnado (…), sin perjuicio que el Sr. Agente Fiscal puede formalizar una nueva imputación en el sentido indicado».
Respecto de Pilepich y Vargas, indicaron que «son las únicas dos personas que se encontraban con Pérez Algaba en el predio del barrio Renacer, cuando éste recibió los disparos de arma de fuego que ocasionaron su óbito».
«En definitiva, Pilepich y Vargas resultan probables coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por codicia y alevosía y por haberse cometido mediante el empleo de un arma de fuego», señalaron, mientras que consideraron que a «Córdoba debe considerárselo partícipe secundario del delito de homicidio agravado por codicia.»
De acuerdo al procesamiento del juez Monelos, «existía una empresa criminal previa» entre Pilepich, Vargas, Gil, Contreras, Córdoba y Carrizo, donde «cada uno formaba parte de un eslabón más en el plan urdido que tuvo por propósito ultimar Pérez Algaba para cesar con sus reclamos dinerarios, acreencias e intimidaciones».
Al respecto, el juez atribuyó a Vargas y Pilepich un rol preponderante en su accionar dentro del grupo, aunque destacó que las conductas de los seis estuvieron «dolosamente dirigidas, a cooperar activamente en deshacerse del cuerpo y los rastros del homicidio, aportando para ello tecnología, asesoramiento, experticia, apoyo, logística, mano de obra, movilidad e incluso el marco territorial».
Entre las pruebas valoradas, Monelos contempló fundamentalmente los registros de cámaras de seguridad, el impacto en las antenas de los llamados telefónicos de los implicados y las comunicaciones por mensajes de texto entre los sospechosos y la víctima.
De esta forma, el magistrado aceptó parcialmente el pedido del titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, quien había solicitado procesar con prisión preventiva a los seis acusados nombrados, más Flavia Lorena Bomrad, quien había sido excarcelada con anterioridad al fallo del juez.
El fiscal Domínguez estableció en su investigación que Pilepich citó a Pérez Algaba para encontrarse en el predio «Renacer» de General Rodríguez el 18 de julio pasado por la tarde, y hasta allí concurrió la víctima junto a Vargas en una camioneta Range Rover Evoque blanca.
La hipótesis del Ministerio Público
Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio «Renacer» de General Rodríguez a encontrarse con él.
La desaparición del «Lechuga» fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.
Mientras que sus restos descuartizados fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
