El Sindicato de Empleados No Docentes de Educación del Chaco (Senodech) intimó en las últimas horas a la subsecretaria de Descentralización Administrativa, Marta Fassano, a notificar fehacientemente la situación de unos 230 trabajadores de la Nave 7 del edificio del Ministerio de Educación del Chaco, quienes fueron informados de manera verbal que debían dejar de asistir a su lugar de trabajo por refacciones edilicias.
Según precisaron en la presentación a la que accedió Es Chaco, son 180 agentes en el turno mañana y 50 en el turno tarde.
La situación de eventual irregularidad laboral ya trascendió las fronteras de Senodech y otros sindicatos también elevarían a autoridades oficiales reclamos de idéntico tenor a partir de la semana que viene.
En una nota firmada por el secretario general Leonardo Medina, el gremio solicitó copia del acto administrativo que ordena la medida, con su fundamento legal conforme a las leyes 292-A, 645-A y 2717-L. También pidieron que se precise el plazo de vigencia, horario de prestación, tareas asignadas y domicilio declarado para la cobertura del seguro, y que se aclare que no habrá afectación de licencias ni merma de haberes. Además, reclamaron la provisión de medios para el teletrabajo.
Testimonios del temor, en primera persona.
Una trabajadora que habló con este medio y pidió reserva de identidad denunció irregularidades y temor por su puesto. Según expuso, autoridades de Recursos Humanos —entre ellas la directora Susana Maidana y jefes departamentales— ordenan verbalmente el retiro a domicilio.
Así, señaló que Fassano recorrió personalmente las oficinas para informar sobre las refacciones, pero sin circular formal ni instrumento legal que lo respalde, incumpliendo la Ley 645-A.
La empleada manifestó preocupación e indignación por quedar sin su fuente de ingreso en el complejo contexto socioeconómico, y solicitó orientación a una diputada provincial para evaluar acciones judiciales.
El sindicato advirtió que toda decisión que altere la modalidad de tareas debe ser dispuesta por acto administrativo escrito y notificado. “Las órdenes verbales sin respaldo documental carecen de validez jurídica”, sostuvieron.
