La Corte Suprema mantuvo provisoriamente vigente la norma, pero el diputado advirtió que sigue pendiente una definición sobre la constitucionalidad del decreto.
El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se pronunció sobre la decisión provisoria de la Corte Suprema de Justicia que mantiene vigente la Ley de Tierras, luego de que su derogación quedara alcanzada por los cuestionamientos al DNU 70/23. El legislador consideró importante la medida, aunque advirtió que no resuelve la controversia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto impulsado por el presidente Javier Milei.
Ferraro cuestionó la derogación de la Ley de Tierras por decreto
“La Ley de Tierras vuelve a estar vigente por una medida provisoria de la Corte Suprema”, expresó Ferraro en su publicación. Sin embargo, aclaró que se trata de una decisión “importante, pero insuficiente”, porque, a su entender, la protección de la soberanía territorial y de los bienes comunes no debería depender de resoluciones judiciales transitorias ni de las circunstancias políticas.
El diputado apuntó directamente contra el DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno dispuso la derogación de la normativa que establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. “Milei intentó derogar, mediante el DNU 70/23, una ley sancionada por el Congreso”, sostuvo. La discusión adquirió relevancia por las consecuencias que podría tener la eliminación de esos límites sobre la propiedad extranjera de tierras en la Argentina.
La decisión judicial se conoció después de la polémica generada por el alcance del decreto y los cuestionamientos a la derogación de la norma. En ese escenario, Ferraro planteó que la intervención de la Corte permite recuperar una protección que, según su postura, nunca debió eliminarse. No obstante, remarcó que la medida provisoria no equivale a una resolución definitiva sobre la validez constitucional del DNU.
El diputado reclamó una definición definitiva sobre el decreto
Para Ferraro, la cuestión central continúa pendiente y requiere una resolución institucional de fondo. “Mientras no haya un pronunciamiento definitivo, ya sea del Congreso de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales o del Poder Judicial mediante una sentencia sobre el fondo, continuará la incertidumbre jurídica sobre la Ley de Tierras”, advirtió. De esa manera, reclamó que se establezca con claridad cuál será el futuro de la normativa.
El legislador también cuestionó la posibilidad de que la vigencia de leyes fundamentales dependa de la presión social o de las circunstancias políticas. “Las decisiones judiciales pierden legitimidad cuando los tribunales avanzan y retroceden sobre sus propios criterios”, afirmó. Su planteo apuntó tanto a la necesidad de previsibilidad jurídica como a la responsabilidad de los poderes del Estado en la defensa de las garantías constitucionales.
Por último, Ferraro sostuvo que la Argentina no puede conformarse con respuestas transitorias mientras permanecen abiertos los conflictos institucionales. “La defensa y el respeto de la Constitución exigen coherencia y límites efectivos frente a los abusos del poder”, concluyó. Así, el diputado volvió a poner el foco en el alcance del DNU 70/23, la protección de las tierras rurales y la necesidad de una definición definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación.
