El ministro de Kicillof denunció que el esquema previsto para la concesión no contempla restricciones a los incrementos en la facturación
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cuestionó públicamente el proceso impulsado por el Gobierno de Javier Milei para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). A través de un video, el funcionario bonaerense denunció que el Poder Ejecutivo proyecta vender el 90% del paquete accionario de la empresa estatal por un período de 30 años.
Las críticas del funcionario provincial al esquema tarifario y de concesión
Katopodis cuestionó los fines de la iniciativa estatal y sostuvo que la medida afectará directamente el valor del servicio para la ciudadanía. «Milei no vino a arreglar lo que estaba mal. Vino a romper lo que funciona«, afirmó el ministro bonaerense para fijar la postura del Gabinete provincial. La compañía presta servicios esenciales de agua potable y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.
En esa misma línea, remarcó que el esquema previsto para la concesión no contempla restricciones a los incrementos en la facturación. «La venden a un puñado de amigos por 30 años», sostuvo. En ese marco, añadió: «Escuchá bien lo que no te dicen: el acuerdo no pone ningún límite a lo que pueden cobrar por el servicio. Así nadie te garantiza que no vengan otros nuevos tarifazos«.
El marco regulatorio de la privatización y la postura sobre el recurso
El proceso para transferir la operadora de saneamiento a manos privadas se encuadra en la reorganización del Estado y la nómina de empresas sujetas a privatización aprobada en la Ley Bases. La propuesta impulsada por el Ejecutivo nacional contempla la venta de la participación mayoritaria del paquete accionario, manteniendo un porcentaje minoritario reservado para los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El modelo operativo establece que la futura concesionaria deberá autofinanciar sus costos de funcionamiento y las obras de infraestructura mediante los ingresos generados por el cobro del servicio. Frente a la desregulación sobre el valor final de la tarifa de agua y cloacas, el funcionario bonaerense remarcó la necesidad de considerar la provisión del suministro como un derecho público indispensable. «El agua no es un negocio para que los amigos de Milei se llenen los bolsillos. El agua es un recurso común a todos los argentinos«, concluyó Katopodis.
