La Fiscalía de Investigaciones Administrativas desestimó la denuncia presentada por la exdiputada Clara Pérez Otazu tras constatar que las adquisiciones de alcohol etílico realizadas por el Hospital de Sáenz Peña se efectuaron por concurso de precios y a un valor unitario acorde a los valores del mercado. La presentación de Otazu se realizó en base a un informe periodístico.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) del Chaco dio por concluida y ordenó el archivo de la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por la exdiputada provincial Clara Anahí Pérez Otazu. La presentación solicitaba investigar presuntas anomalías y sobreprecios en la compra de insumos sanitarios —específicamente alcohol etílico— a raíz de informes periodísticos publicados en 2021.
Según pudo saber LITIGIO, a través de la Resolución 3129/26, el organismo concluyó que de la documentación recabada no surgen elementos que permitan acreditar irregularidades administrativas ni sobreprecios que hayan ocasionado un perjuicio al erario público.
La actuación administrativa (Expediente 3939/21) se promovió luego de que la exlegisladora del Frente Integrador se hiciera eco de publicaciones periodísticas de Diario Norte y la red de periodismo de investigación Ruido en agosto de 2021. Dichos informes señalaban que el gobierno del Chaco habría pagado $1.900 por litro de alcohol etílico y advertían sobre supuestas trabas en el acceso a la información pública.
“Chaco, hermético y con alcohol caro” se denominaba el extenso capítulo del informe nacional que analizó características de las compras sanitarias realizadas por el Estado nacional y provincial durante la pandemia.
La información formó parte de varias entregas que comenzaron a publicarse en marzo de 2021 por la red Ruido, compuesta por comunicadores y referentes de asociaciones civiles dedicados al acceso a datos y a la transparencia en la gestión pública.
Una de las publicaciones referida al Chaco resumió en una infografía los principales datos del primer trimestre de 2021. Se consignó que en el portal de compras de la provincia faltaba especificar qué gastos corresponden a compras por Covid 19. Además se señaló que “el gobierno no respondió los pedidos de acceso para conocer con precisión esas contrataciones”.
El relevamiento incluyó elementos que Ruido consideró claves para combatir la pandemia: alcohol, barbijos, tubos de oxígeno, cánulas respiratorias, botas descartables, guantes descartables, lavandina, paracetamol, bajalengua, máscaras de oxígeno, cofias, camisolines, termómetros, jabón líquido, entre otros.
“De todos esos productos llama la atención el precio pagado por una de las compras de alcohol etílico: $1.900 el litro, mucho más de lo que se puede adquirir actualmente en el mercado”, sostuvo la nota publicada en Norte.
Intervención
Ante la denuncia de Otazu, la FIA intervino en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 616-A para verificar la legalidad de los procedimientos y el destino de los fondos públicos. En el marco de la instrucción, requirió informes y documentación respaldatoria al Ministerio de Salud Pública de la provincia y a las autoridades sanitarias locales.
De las actuaciones enviadas por el Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carrillo” de Presidencia Roque Sáenz Peña surgió que la adquisición cuestionada se tramitó mediante el Concurso de Precios 01913. La adjudicación recayó en la firma Ferronorth – Ñande Servicios S.R.L. por un monto total de $242.512,00.
Según constan en la factura y el remito oficial obrantes en el expediente, el nosocomio adquirió: 120 unidades de alcohol etílico al 70% (1 litro) a un costo unitario de $380,00. Y 120 unidades de alcohol etílico al 96% (1 litro) a un costo unitario de $380,00.
Conclusión y archivo
En sus considerandos, la FIA remarcó que las compras cumplieron con la normativa vigente en materia de contratación estatal (Decreto Provincial 1016/2021) y con la correspondiente inscripción de la proveedora en el Registro de Proveedores del Estado.
“No se desprenden irregularidades en el método de contratación y/o adquisición de los artículos adquiridos por parte del Hospital 4 de Junio de la localidad de Sáenz Peña, que pudieran sugerir un sobreprecio en la compra de alcohol etílico y demás artículos que pudieran ocasionar un perjuicio al erario público”, sostiene el dictamen firmado por el Fiscal General, Gustavo Leguizamón, con fecha del pasado 2 de julio.
Sin perjuicio del control externo posterior que le compete al Tribunal de Cuentas de la Provincia, la FIA dispuso el archivo definitivo de las actuaciones al no avizorar la presencia de elementos que ameriten continuar con la investigación.
REVISTA LITIGIO
