El exsenador nacional Edgardo Kueider recibió un nuevo revés judicial en Paraguay. El juez Humberto Otazú le dictó una nueva prisión preventiva, de cumplimiento domiciliario, en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos. La medida de la Justicia se suma a la condena que recibió por tentativa de contrabando y al pedido de extradición impulsado desde la Argentina.
La periodista especializada en temas judiciales Vanesa Petrillo explicó en C5N que la situación del exlegislador es aún más compleja. “Además tiene otro pedido de prisión preventiva y domiciliaria que es por un pedido de extradición que hace la Justicia argentina y la jueza Sandra Arroyo Salgado, que también lo tiene investigado en nuestro país por lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, señaló.
La causa por lavado de activos que complica a Kueider
La investigación se originó tras la detención de Kueider y su pareja, Iara Guinsel, el 4 de diciembre de 2024, cuando intentaron ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. Ese episodio dio lugar primero a la causa por tentativa de contrabando y, posteriormente, a la investigación por presunto lavado de activos.
Según la Fiscalía paraguaya, ambos habrían utilizado una estructura de empresas para adquirir seis departamentos y cocheras en Asunción con fondos de origen presuntamente ilícito. Por ese motivo, el juez Humberto Otazú resolvió que continúen bajo arresto domiciliario, al considerar que no poseen arraigo en territorio paraguayo.
La condena por contrabando y el pedido de extradición
El pasado 13 de julio, la Justicia paraguaya condenó a Kueider a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando de dinero. En tanto, Guinsel recibió una pena de un año y 10 meses de prisión en suspenso como coautora del mismo delito. Antes de conocerse la sentencia, Kueider manifestó: “No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí”. Además, sostuvo que es víctima de una “feroz persecución política”.
Mientras tanto, la situación judicial de Kueider también avanza en la Argentina. La jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, proceso que ahora se suma a las actuaciones que enfrenta en Paraguay.
