La Casa Rosada proyecta un segundo semestre dedicado a avanzar con varias iniciativas parlamentarias, pero la demora de un proyecto clave podría complicar los planes del oficialismo.
Mientras el Mundial entra en su recta final, el Gobierno diseña un segundo semestre alrededor de su cargada agenda reformista en el Congreso. Sin embargo, en el seno del oficialismo advierten que la cantidad de iniciativas y la demora en torno a la reforma electoral -un punto considerado prioritario por la Casa Rosada- podrían obstaculizar el tratamiento de las leyes en el recinto.
“El Gobierno tiene una mirada reformista de la política y las reformas se hacen en el Congreso a fuerza de leyes. Probablemente haya temas que tienen que ver con otros aspectos de la gestión, pero la principal gestión son las reformas que impulsa en el Congreso”, sintetizaron a TN en Balcarce 50.
Esa mirada que defiende el oficialismo se ve reflejada en la cantidad de proyectos que ha enviado -o se prepara para enviar- en el último año. La lista va desde iniciativas con media sanción como el super-RIGI, la Ley Hojarasca, los cambios al régimen de Zona Fría, hasta proyectos que todavía están bajo revisión (algunos más listos que otros), como la reforma del Banco Central, los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, el “shutdown” del Estado, la reforma del Código Penal o el paquete de desregulación en el que trabaja el Ministerio de Federico Sturzenegger, que alcanza al mercado inmobiliario, a la ley de cabotaje y al mercado de capitales.
En el medio, hay otra larga lista de proyectos que ya fueron presentados, pero que aún no llegaron a discutirse en el recinto. Ahí entra la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la reforma a la Ley de Salud Mental, la Ley de Sociedades, la Ley de Lobby, el proyecto para prevenir la ludopatía, y la Adhesión al Tratado de Patentes (PCT), entre otros.
“Es un Gobierno con tantos proyectos y reformas que a veces las cosas se demoran un poco”, admitió un funcionario a cargo de la redacción de una de las iniciativas retrasadas. Y agregó: “Ya se va a agilizar (el Congreso). No hay que preocuparse”.
Aun así, en el Ejecutivo también hay quienes miran con inquietud los tiempos del Parlamento y las restricciones políticas del calendario. “Aún no se sabe el timing. Va a depender de qué pasa con la reforma política en el Senado para ver el tráfico”, aseguró a TN una fuente al tanto de las tratativas legislativas. Y advirtió: “Si no se destraba, capaz se ralentice el resto, pero todo cuesta”.
Según planteó la propia Karina Milei a sus legisladores en Casa Rosada la semana pasada, la reforma electoral, junto con Zona Fría y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, son las tres prioridades del oficialismo en el Congreso. Los últimos dos proyectos tienen que ver con aliviar las arcas del Estado y reactivar la actividad económica, pero la reforma política —y su eje central, la eliminación de las PASO— es considerada fundamental por su rol en el proyecto de reelección de Javier Milei.
Además de sus argumentos de eliminar costos para la ciudadanía e instancias extra de votación, la estrategia de la Casa Rosada es eliminar una herramienta que permitiría a la oposición agruparse contra Milei bajo el paraguas de una primaria. Sin embargo, la resistencia de los aliados a desprenderse de las PASO ha impedido que el proyecto avance.
Para destrabar la iniciativa, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, redobló sus contactos con los gobernadores mientras Patricia Bullrich encabeza las conversaciones con los bloques aliados en el Senado. Ahora, la jefa de la bancada oficialista planteó un interín para que los bloques discutan internamente la posibilidad de incorporar listas colectoras. Sin embargo, en bloques como el PRO sostienen no estar abordando aún el tema. “Zona fría por ahora es el apuro (del Gobierno)”, afirmaron.
En ese contexto, mientras el freno en la reforma electoral podría complejizar el avance de otras leyes, en el Gobierno observan otro obstáculo político en el calendario: la discusión por el Presupuesto nacional.
La Casa Rosada prevé el envío de la Ley de leyes antes del 15 de septiembre, una virtual fecha límite para tratar otras iniciativas antes de que la discusión parlamentaria se vea envuelta en tironeos por fondos entre el Gobierno, las provincias y los diferentes sectores del Estado.
Ese debate dará lugar a otro cuello de botella para el Gobierno: la proximidad con el año electoral. Se trata de un escenario que tensa las alianzas construidas en el Congreso, sin las cuales el oficialismo no tiene las mayorías necesarias para avanzar. En ese sentido, el Ejecutivo es consciente de que deberá avanzar cuanto antes con sus reformas antes de que los tiempos de la política impongan un bloqueo.
