El diputado provincial celebró la aprobación por mayoría absoluta del proyecto de Ley de Protección Digital de las Personas, una iniciativa de diputados oficialistas y opositores que busca actualizar la legislación chaqueña frente a los nuevos delitos que surgen con el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial (I.A.)
Vargas sostuvo que la provincia necesitaba una norma que respondiera a una realidad cada vez más frecuente. “Existe un vacío legal frente a muchas situaciones de violencia digital que hoy afectan a niños, adolescentes y adultos. La tecnología avanza muy rápido y la legislación debía acompañar para proteger a las personas”, expresó.
El legislador recordó que casos ocurridos recientemente en la provincia, como el de la Escuela Don Bosco, donde se manipularon imágenes mediante inteligencia artificial para perjudicar a estudiantes, dejaron en evidencia la necesidad de contar con herramientas legales que permitan actuar con rapidez y brindar protección a las víctimas.
Entre los principales alcances de la nueva ley, se “incorporan sanciones para la creación y difusión de imágenes, audios o videos falsificados mediante inteligencia artificial (deepfakes) cuando tengan como finalidad dañar a una persona; la difusión de imágenes sin consentimiento; el hostigamiento y acoso digital”; la suplantación de identidad en redes sociales y el espionaje mediante cámaras ocultas, software espía o dispositivos de geolocalización sin autorización.
Además, la norma fortalece las herramientas para la Justicia al establecer mecanismos para preservar la evidencia digital, habilita la realización de denuncias por internet con el aporte de pruebas digitales y permite a los jueces ordenar medidas cautelares como el retiro de contenidos o el bloqueo de cuentas y billeteras virtuales utilizadas para cometer delitos.
“Con esta ley damos un paso importante para proteger a los chaqueños frente a nuevas formas de violencia que antes no estaban contempladas por nuestra legislación”. La inteligencia artificial es una herramienta con enormes beneficios, pero su mal uso también exige respuestas claras del Estado, concluyó Vargas.
