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Samuel Vargas encabezó el reclamo de justicia por el soldado Mauro Ramírez a 23 años de su muerte

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco, Samuel Vargas, encabezó este jueves una comitiva del organismo que se trasladó a la provincia de Misiones para acompañar un nuevo reclamo de verdad y justicia por la muerte del soldado voluntario Mauro Ramírez, ocurrida el 26 de junio de 2003 en el Regimiento de Monte 30 de Apóstoles.
En el marco del 23° aniversario del fallecimiento, la delegación participó de una ofrenda floral realizada en la plazoleta ubicada sobre avenida Mitre, frente a la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, donde una placa recuerda al joven chaqueño.

“Pasaron 23 años y lamentablemente la Justicia sigue dilatando una respuesta definitiva. Lo que queremos reclamar es que este pacto de silencio y de impunidad que existe entre sectores de la Justicia y los altos mandos de las Fuerzas Armadas se termine de una vez por todas, para que una madre que lleva más de dos décadas buscando respuestas pueda conocer la verdad sobre lo que ocurrió con su hijo”, expresó Vargas.

El legislador recordó además que desde la Comisión de Derechos Humanos , acompaña a Susana Pintos, madre de Mauro Ramírez, en su búsqueda de verdad y justicia. “Siempre estuvimos al lado de una madre que lucha por saber qué pasó con su hijo y vamos a seguir acompañándola hasta que la causa sea esclarecida”, sostuvo.

La investigación fue reabierta en 2016 a partir de un dictamen de la Procuración General de la Nación. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con medidas de prueba y el llamado a declaración indagatoria de militares señalados por la querella, aunque esas actuaciones continúan demoradas.

Mauro Ramírez tenía 22 años cuando fue hallado sin vida con un disparo en el pecho frente a una garita del destacamento militar de Apóstoles. Su madre nunca aceptó la hipótesis de suicidio sostenida inicialmente y desde entonces impulsa el esclarecimiento del caso junto a sus representantes legales.

A 23 años del hecho, familiares, organizaciones de derechos humanos y representantes institucionales continúan reclamando que la Justicia avance en la investigación y determine las responsabilidades correspondientes para conocer la verdad sobre la muerte del joven soldado chaqueño.

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