La periodista Luciana Geuna defendió el informe realizado en la Casa Rosada, negó irregularidades y cuestionó con dureza la reacción oficial tras la denuncia de la Casa Militar. El episodio generó un fuerte impacto político y abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo en un contexto ya sensible.
El conflicto se desató luego de que el Ejecutivo denunciara penalmente a periodistas por un informe emitido en TN. La acusación apuntó a una supuesta grabación sin autorización dentro del edificio, lo que derivó en medidas restrictivas que afectaron a todos los acreditados.
Entre esas decisiones, se destacó el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada y la revocación de acreditaciones. La medida generó preocupación en el ámbito periodístico y reavivó el debate sobre los límites entre seguridad institucional y libertad de expresión.
La defensa del informe y el descargo
“Por supuesto no fue una grabación clandestina”, afirmó Geuna durante su editorial en el programa “¿Y mañana qué?”. Según explicó, todas las imágenes fueron tomadas en espacios de circulación común, sin ingresar a áreas restringidas ni registrar contenido sensible.
La periodista remarcó además que el equipo había informado previamente a funcionarios del área de prensa sobre la realización del informe. En ese sentido, rechazó la idea de una grabación encubierta y sostuvo que el trabajo se realizó de manera transparente.
También explicó que las imágenes difundidas corresponden a sectores de acceso público. Señaló que esos espacios aparecen en visitas guiadas, redes sociales y plataformas abiertas, por lo que no se trató de material reservado ni confidencial.
Críticas al Gobierno y a la medida
Geuna cuestionó con firmeza la decisión oficial de cerrar la sala de prensa y limitar el acceso de los periodistas. Consideró que se trata de una medida desproporcionada que excede el episodio puntual del informe y afecta el trabajo cotidiano.
“Hoy la sala de prensa está cerrada y es gravísimo”, sostuvo. En esa línea, afirmó que la decisión es política y que interpela directamente a quienes defienden la libertad de expresión. Además, adelantó que presentarán todo el material en la Justicia para aclarar lo ocurrido.
