El Gobierno nacional oficializó cambios en la Jefatura de Gabinete, donde dispuso una reestructuración interna que impacta en áreas jurídicas y refuerza el rol de Manuel Adorni en la comunicación institucional. La medida se formalizó este jueves mediante el Decreto 269/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece una profunda reorganización del organigrama.
El objetivo central es optimizar el funcionamiento de distintas secretarías y concentrar funciones clave dentro de una misma estructura administrativa. Uno de los puntos más relevantes es el traspaso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Esta área, que dependía de la Secretaría General de la Presidencia, pasará ahora a la órbita de la Jefatura de Gabinete, bajo el mando de Adorni.
El cambio implica una centralización de la gestión legal y administrativa, con la intención de reforzar el control sobre los procesos internos. Además, busca ordenar la relación con los medios y consolidar una estrategia unificada en materia de comunicación institucional. Además, le da más poder a un jefe de Gabinete actualmente investigado por la Justicia.
Más poder para la comunicación y coordinación interna
El nuevo esquema otorga funciones ampliadas a la Unidad Gabinete de Asesores, que tendrá un rol clave en la coordinación de la comunicación oficial. A partir de ahora, será responsable de la difusión de contenidos y de establecer criterios comunes para todas las áreas que integran la Jefatura.
En paralelo, se redefinieron los objetivos de las secretarías de Asuntos Estratégicos, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Comunicación y Prensa. Esta última quedará a cargo de supervisar directamente a las subsecretarías de Medios Públicos y Actos de Gobierno, consolidando el control sobre la comunicación estatal.
Foco en tecnología y modernización del Estado
La reestructuración también pone énfasis en la modernización tecnológica dentro del sector público. El decreto establece que las áreas de innovación tendrán un rol activo en la protección de infraestructuras críticas y en el desarrollo de políticas de ciberseguridad. Además, se prevé avanzar en la creación de marcos regulatorios vinculados a nuevas tecnologías como inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas.
Finalmente, la normativa contempla la actualización de los objetivos operativos de distintos organismos descentralizados y la aprobación de nuevas estructuras jerárquicas. Según el texto oficial, la intención es optimizar el uso de recursos y unificar criterios en la planificación de políticas públicas.
