El diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, analizó este domingo las iniciativas que el Gobierno nacional envió al Congreso para reformar las leyes de Salud Mental y de Emergencia en Discapacidad. Según el legislador, estas propuestas no buscan mejorar el sistema, sino consolidar el desfinanciamiento que la gestión de Javier Milei ya viene ejecutando en estas áreas.
En diálogo con Radio 10, Yedlin señaló que la salud mental es un problema que se agravó con la pandemia y las adicciones. A diferencia del oficialismo, el legislador considera que la solución no pasa por cambiar la ley, sino por invertir en recurso humano y hospitales especializados. El diputado advirtió que el Gobierno ya ha dado señales negativas al desfinanciar el hospital Bonaparte y suspender programas de formación profesional en el área.
En este sentido, el diputado vinculó las medidas de ajuste con los escándalos de corrupción que rodean a la cúpula del Ejecutivo. “Mientras se hacen los duros en estas medidas de ajuste roban por el otro lado”, lanzó Yedlin, en referencia a las sospechas sobre el retorno del 3% en contrataciones de salud.
El retiro del Estado en el financiamiento de la salud
Uno de los puntos más críticos de Yedlin es la eliminación de la obligación del Estado nacional de brindar ayuda económica a las provincias para políticas de salud mental. El legislador explicó que, de aprobarse el cambio en el artículo 41, “el Estado podría correrse directamente ya del financiamiento de cualquier política pública».
Además, criticó la intención de la Nación de desentenderse de la rectoría sanitaria, dejando toda la responsabilidad en manos de las jurisdicciones locales. Según Yedlin, esto se suma a la suspensión del programa Remediar, que garantizaba el acceso a botiquines de medicamentos en todo el país.
El regreso de los manicomios y las internaciones compulsivas
La reforma propuesta también introduce cambios en la forma en que se deciden las internaciones. Yedlin explicó que la iniciativa permitiría internaciones solo con la firma del psiquiatra y le quitaría potestad a los psicólogos en la toma de decisión. Esto, según el diputado, pone en riesgo los derechos del paciente y el camino de la desmanicomialización que Argentina había iniciado.
El diputado destacó que la ley actual ya permite las internaciones urgentes, pero exige más controles para proteger a la persona. Advirtió que la nueva propuesta vuelve a permitir los establecimientos monovalentes -manicomios-, algo que la ley vigente intentaba eliminar para priorizar tratamientos ambulatorios y de internaciones cortas.
El ajuste en discapacidad del Gobierno
Respecto al proyecto de Emergencia en Discapacidad, Yedlin denunció que el Gobierno utiliza el argumento de «discapacitados truchos» para justificar un ajuste feroz. El cambio principal en esta ley es que desvincula los valores de las prestaciones del nomenclador nacional, permitiendo que cada provincia fije sus propios precios.
El legislador advirtió que esto perjudicará gravemente a los prestadores y a los pacientes: “eso va a generar por supuesto, un nomenclador a la baja”. Además, aseguró que desde que asumió Milei no se han entregado nuevas pensiones, dejando a miles de personas en situación de pobreza.
De cara al debate parlamentario, Yedlin expresó su preocupación por la “doble realidad” que se vive hoy: una sociedad que percibe a un gobierno debilitado y una realidad en el Congreso donde los números le permiten al oficialismo avanzar con sus proyectos. El diputado espera que el Senado comprenda la gravedad de estas leyes y no actúe como una «mayoría automática».
