En una decisión que expone serias inconsistencias de gestión y vuelve a encender la polémica en la provincia, el gobernador Leandro Zdero resolvió paralizar la construcción del parque acuático que había sido anunciado con fuerte despliegue mediático apenas tres meses atrás. La medida, justificada bajo el argumento de un “cambio de prioridades”, dejó al descubierto un escenario de desorden administrativo, dudas sobre el manejo de fondos públicos y posibles consecuencias legales millonarias.
El proyecto, licitado a fines de 2025 por una cifra cercana a los $10 mil millones, había sido presentado como una obra emblemática para el desarrollo turístico de la provincia. Sin embargo, el entusiasmo inicial contrasta hoy con una realidad marcada por la improvisación: pese a haber avanzado en su ejecución, el gobierno ya había desembolsado cerca de $2 mil millones a la empresa adjudicataria, Hasom SA, antes de decidir abruptamente su freno.
La comunicación oficial llegó de la mano del ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, quien intentó justificar la decisión señalando que “cambiaron las prioridades”. No obstante, lejos de calmar las críticas, la explicación generó aún más cuestionamientos por la falta de previsión y planificación en una obra de tal magnitud.
Desde la oposición, el diputado Santiago Pérez Pons fue uno de los primeros en reaccionar, al exhibir en redes sociales documentación que confirmaría el pago millonario ya realizado. “Se mandan al muere solos, dicen que no es prioridad pero ya pagaron $2.000 millones”, disparó el legislador, quien además apuntó contra lo que definió como una desconexión total del gobierno con la realidad social: “Viven en Narnia, mientras las escuelas se caen a pedazos”.
Más allá del cruce político, el trasfondo del conflicto abre interrogantes de mayor gravedad. Especialistas advierten que la paralización de la obra podría derivar en un reclamo judicial por parte de la empresa contratista, lo que implicaría una eventual indemnización millonaria por incumplimiento contractual. De confirmarse este escenario, el costo para las arcas públicas sería aún mayor, agravando el ya delicado panorama financiero provincial, marcado por un doble déficit que limita el margen de maniobra del Ejecutivo.
En este contexto, la decisión de frenar el parque acuático no solo representa un retroceso en términos de obra pública, sino que también deja al descubierto una preocupante falta de planificación estratégica. La rápida transición de “proyecto estrella” a “gasto prescindible” en tan corto tiempo evidencia una gestión errática, donde las decisiones parecen responder más a coyunturas políticas que a un rumbo claro de gobierno.
El episodio también plantea un debate de fondo sobre las prioridades reales de la administración provincial. Mientras sectores críticos señalan el deterioro de servicios esenciales como educación, salud e infraestructura básica, la apuesta inicial por una obra de alto impacto turístico —y su posterior abandono— refuerza la percepción de desorden y falta de criterio en la asignación de recursos.
Con este nuevo capítulo, el gobierno de Zdero suma otro frente de conflicto en una gestión que ya venía golpeada por cuestionamientos económicos y políticos. La incógnita ahora es si la administración podrá revertir el daño institucional generado o si, por el contrario, este “papelón” marcará un punto de inflexión en la credibilidad de su gestión ante la sociedad chaqueña.
