Paulo Pereyra, doctor en Derecho y exquerellante en causas de Lesa Humanidad, propone una lectura jurídica y política sobre las Ligas Agrarias y su experiencia de resistencia. A 50 años del golpe, el texto recorre el monte chaqueño y la brutal represión desplegada por la última dictadura cívico-militar para desarticular su potencia organizativa.
“No hay una noción del paso de los minutos, de las horas, cuando tu cuerpo es una brasa. Un millón de agujas al rojo vivo penetrando la carne…”
“La brisa le acerca el olor de la lluvia guardado en la tierra húmeda…”
—Juan Carrá, Salvate vos (2025, pp. 274, 296)
Las Ligas Agrarias, en tanto conglomerado cooperativista reconfigurado como movimiento organizado hacia fines de la década de 1970 en el Nordeste argentino, constituyeron una experiencia colectiva de enorme gravitación social y política. En ese marco, llegaron a nuclear aproximadamente a 20.000 familias y 54.000 jóvenes, configurándose como una herramienta de organización y resistencia frente a las grandes empresas y a los latifundios que controlaban el ciclo económico de producciones agrícolas centrales, tales como el algodón, el tabaco, la yerba mate y el té.
Precisamente por esa capacidad de organización, las Ligas Agrarias se convirtieron en objeto de operaciones represivas desplegadas por el Ejército Argentino y la Policía del Chaco, que incluyeron prácticas de hostigamiento, detenciones ilegales, tormentos, desapariciones y ejecuciones contra sus integrantes, entre ellos trabajadores rurales, pequeños productores, militantes y dirigentes.
En ese escenario, y en el marco del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), el Ejército Argentino movilizó efectivos hacia el interior de la Provincia del Chaco, con participación también de personal de la Policía provincial. Bajo la órbita del Comando de la VII Brigada de Infantería, se desarrollaron los denominados “Operativos Toba I, II, III y IV” en la “Subzona 23”, cuyos objetivos centrales consistieron en la localización y persecución, en el interior y en el monte chaqueño, de quienes eran caracterizados como “elementos hostiles”. Esos “elementos” a aniquilar eran, precisamente, los miembros de las Ligas Agrarias y todo cuanto su experiencia organizativa representaba.
Las condenas a los ejecutores de la represión
Sobre la base de ese presupuesto histórico y jurídico señalado —de inconmensurable proyección política y comunitaria—, cuya calificación en el derecho internacional de los derechos humanos corresponde a la de crímenes de lesa humanidad, quedó fijada a comienzos de julio de 2019, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia dio a conocer los fundamentos de la sentencia por la cual condenó a 18 años de prisión al entonces subcomisario de la Policía del Chaco, Eduardo Wischnivetzky, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados cometidos contra los hermanos Brítez y Modesto Meza en agosto de 1976, con el fin de recabar información sobre el paradero de los dirigentes de las Ligas Agrarias Vocouber y Vallejos.
En esa línea, el tribunal condenó a prisión perpetua, en calidad de coautor, al capitán del Ejército Argentino y oficial de inteligencia José Tadeo Luis Bettolli, responsable del homicidio agravado de Raúl Eduardo “Ñaró” Gómez Estigarribia, perpetrado a comienzos de febrero de 1977; y al numerario retirado de la Policía del Chaco Alcides Safenraiter, también en calidad de coautor, por el delito de homicidio agravado cometido a fines de abril de 1979 en perjuicio de Carlos Servando Piccoli.
Asimismo, en ese mismo proceso se impuso la pena de 4 años de prisión al sumariante de la Policía del Chaco José Francisco Rodríguez Valiente, por el delito de encubrimiento, materializado mediante la adulteración de documentos oficiales, respecto de los homicidios agravados de “Ñaró” Estigarribia y Carlos Piccoli.
Más contexto: el monte chaqueño como escenario de la contraofensiva
La sentencia antes referida —confirmada en octubre de 2020 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal— puede pensarse como un eslabón dentro de la cadena represiva desplegada en la década de 1970: allanamientos sin orden judicial, secuestros, tormentos y violaciones en centros clandestinos de detención, apropiación de identidades, desapariciones, ejecuciones sumarias, “traslados”, maniobras de encubrimiento y la construcción de un relato oficial orientado a legitimar la aniquilación del enemigo.
Como contrapartida, la construcción de supuestas reacciones violentas y respuestas bélicas por parte de las víctimas constituía, por entonces, el guion al que recurrían los miembros del Ejército y de las fuerzas policiales para encubrir como “enfrentamiento” lo que, desde un primer momento, presentaba todos los rasgos de una emboscada: un dispositivo de muerte ejecutado desde una posición de resguardo.
En esa trayectoria, en lo que podría denominarse una primera etapa de construcción del “enemigo interno” y de su consecuente eliminación; y, a su vez la resistencia ante esa opresión, adquiere particular relevancia el testimonio de Osvaldo Raúl “Quique” Lovey. Su relato permite retrotraer la estructuración represiva del Estado incluso a un momento anterior al golpe de Estado de marzo de 1976, al remontarse a julio de 1975 con la desaparición del dirigente Carlos Orianski. “Quique” Lovey, rememora la denominada “contraofensiva” al referirse al homicidio de Carlos Piccoli y a la posterior desaparición del referente Armando Molina, ya en 1979/80.
Así, cabe preguntarse por qué las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad desplegaron tamaña logística en el Nordeste argentino —y, más precisamente, en el interior y monte del Chaco— para perseguir y exterminar organizaciones políticas y sociales de base agraria-minifundista.
La respuesta podría hallarse en la estrecha vinculación entre la finalidad político-económica de la dictadura empresarial-militar y su herramienta privilegiada: la represión, junto con toda la simbología que representó. Ya a comienzos de la década de 1970, las Ligas Agrarias estaban en condiciones de disputar hasta un 25 % del precio del 75 % de la producción de fibra algodonera acopiada en el país. Esa capacidad de incidencia económica y organización colectiva las convertía en una amenaza concreta para los intereses concentrados.
Al final…
En ese marco, la desarticulación de toda forma de cooperativismo capaz de disputar poder a los oligopolios se volvió una condición necesaria para la imposición del nuevo orden. El quiebre de la organización minifundista exigía, desde esa lógica de “represivización”, la persecución y supresión de quienes encarnaban y promovían esas ideas.
Desde la desaparición de Carlos Orianski en 1975 hasta la de Armando Molina entre 1979 y 1980, se advierte no sólo el compromiso político-vital de quienes impulsaban una defensa real de los trabajadores de la tierra, sino también, como un espejo abyecto, la persistencia de una maquinaria de exterminio que recorrió el interior y el monte chaqueño con el propósito de arrasar toda posibilidad de un desarrollo más equitativo.
En homenaje a Britez, Escobar, Fleitas, Gómez Estigarribia, Gonzáles, González, Kleiner, López de Rodríguez, Lovey, Meza, Mato, Molina, Orianski, Piccoli, Sokol, Vallejos, Vernika y Vocouber, entre otros.
Por Paulo Pereyra
Referencias:
CFCP, Sala IV, reg. n° 2053/20.4, 19/10/2020, “Safenraiter, Alcides Roberto y otros s/ recurso de casación”, causa FRE 16000021/2009/TO9/CFC17.
TOCF de Resistencia, sentencia n° 57, 11/07/2019, “González, Miguel Antonio; Safenraiter, Alcides Roberto y otros”, Expte. FRE n° 1600021/2009.
Carrá, Juan. Salvate vos. 1a ed. (CABA: Sudamericana, 2025), pp. 188-190; 274, 296.
Gusis, G. L., & Videla, R. F. (2021). Disidencia política, protesta social y trato punitivo. ¿Represivización o criminalización? En G. L. Gusis & R. F. Videla (Coords.), Reflexiones criminológicas (pp. 15-35). Ediar.
