A medio siglo del último golpe de Estado cívico-militar, el Partido Justicialista de Sáenz Peña impulsa la expulsión de Eduardo Wischnivetzky, excomisario condenado por secuestrar y torturar a militantes de las Ligas Agrarias. La solicitud viene con demora: hace 12 años se dio a conocer públicamente la denuncia que pesaba contra él en la Justicia Federal y hace siete que el Tribunal Oral Federal de Resistencia lo condenó.
En el marco del 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, el Consejo Local del Partido Justicialista de Presidencia Roque Sáenz Peña formalizó un pedido de expulsión y desafiliación contra Eduardo Wischnivetzky, condenado por delitos de lesa humanidad.
La solicitud fue elevada al presidente del Consejo Provincial del PJ, Jorge Capitanich, y se fundamenta en la “gravísima afrenta” que representa su permanencia dentro del partido para la identidad histórica del movimiento. La iniciativa fue impulsada por Marcos Fleitas, referente de la Casa de la Memoria de Sáenz Peña y actual secretario de Derechos Humanos de la junta local.
Según pudo saber LITIGIO, en el documento se detalla que Wischnivetzky cumple una pena de 18 años de prisión domiciliaria por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La condena, ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, lo responsabiliza por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra trabajadores rurales, en el marco de la causa que investigó los crímenes contra militantes de las Ligas Agrarias.
El texto califica estos hechos como “crímenes aberrantes”, ejecutados en el marco de un plan sistemático de persecución y aniquilamiento, y los considera “absolutamente incompatibles e intolerables” con los principios de justicia social y defensa de los derechos humanos que sostiene el peronismo.
“En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, la permanencia de un condenado por delitos de lesa humanidad en las filas del Partido resulta moral y políticamente inadmisible”, sostiene el escrito.
La nota, firmada por el presidente de la Junta Local, Leonardo Arrudi, invoca la Carta Orgánica partidaria para solicitar la “máxima sanción” y presenta el pedido como un acto de reparación institucional y de reafirmación de los valores democráticos.
Con demoras
El pedido de expulsión llega con años de demora. Las acusaciones contra Wischnivetzky eran de conocimiento público desde hace más de una década, y su condena data de siete años atrás.
En febrero de 2014, el portal Chaco Día por Día reveló que, mediante el decreto 183/14, el entonces gobernador interino Juan Carlos Bacileff Ivanoff había designado como asesor del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia al comisario retirado.
Para ese momento, ya estaba denunciado y había permanecido detenido por delitos de lesa humanidad cometidos en 1974, en el contexto de la creciente represión contra la guerrilla y sectores opositores a los gobiernos de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, englobados bajo el amplio rótulo de “subversión”. Ese accionar represivo funcionó como antecedente directo del terrorismo de Estado que se consolidaría a gran escala tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Asimismo, se informó que era investigado por la justicia federal por secuestros, torturas y una presunta violación durante la última dictadura.
De todos modos, hasta entonces, su figura no era ampliamente conocida en el resto de la provincia. Incluso, en la causa judicial su nombre figuraba erróneamente como “Venivesky”, error que fue corregido posteriormente tras una investigación periodística que permitió su correcta identificación.
La difusión de su designación (junto a su prontuario) generó un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos, ex detenidos políticos y referentes nacionales como la exdiputada Victoria Donda, quien reclamó la inmediata revocación del nombramiento. A esto se sumaron testimonios como el del expreso político Aureliano Villán, quien lo señaló como su torturador.
Cuatro días después de la publicación de la noticia, el gobierno provincial resolvió apartarlo del cargo. En ese contexto, el entonces mandatario reconoció desconocer sus antecedentes y atribuyó la responsabilidad de su designación al exministro de Infraestructura (ex de Gobierno), Marcos Verbeek.
Esto generó además fuertes repercusiones políticas: la exministra de Gobierno, María Cáceres, tuvo que brindar explicaciones ante una de las comisiones de la Cámara de Diputados y, a la par, toda la cúpula de la subsecretaría de Derechos Humanos fue echada por el propio gobernador luego de que dieran a conocer un duro documento en el cual se cuestionaba al Ejecutivo provincial por modificar el rumbo en las políticas de DDHH, poniendo como uno de los ejemplos el caso Wischnivetzky.
En paralelo, surgieron nuevas denuncias, entre ellas una presentada en 1984 ante la CONADEP, que vinculaba al represor con la desaparición de Mateo Matitunovich en Villa Ángela. Finalmente, el 25 de noviembre de 2015, el excomisario fue detenido en su domicilio de Sáenz Peña.
Hasta su caída en desgracia, el represor tenía importante participación política en el PJ de Saénz Peña. Llegó a encabezar la nómina de precandidatos a diputados nacionales por una lista del Frente para la Victoria en las PASO de 2013, donde llegó a obtener más de 5 mil votos.
Tras revelarse las acusaciones en su contra, el PJ sáenzpeñene y Partido Justicialista en general decidieron ignorar esta situación. De hecho, en un almuerzo partidario, en el Salón del Centro Juvenil de Cooperativa La Unión de la ciudad Termal, con la presencia del por entonces gobernador Domingo Peppo, Wischnivetzky fue ubicado en la mesa central de dicha actividad junto a los principales dirigentes del justicialismo chaqueño. Un mes después, quedaría preso.
Ligas Agrarias
La condena contra Wischnivetzky se dictó en julio de 2019 en el marco de la causa conocida como “Ligas Agrarias”, en la que se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos contra dirigentes y militantes campesinos en el interior del Chaco.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a prisión perpetua al teniente coronel José Tadeo Betolli por el asesinato de Raúl Gómez Estigarribia, y al policía Alcides Sanferraiter por el homicidio de Carlos Píccoli. En tanto, el comisario José Rodríguez Valiente recibió una pena de cuatro años por encubrimiento.
En ese mismo fallo, Wischnivetzky fue condenado a 18 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza, hechos perpetrados el 30 de agosto de 1976. En ese entonces, el represor era jefe de la Comisaría de Villa Ángela, cargo que se le fue asignado en febrero de ese año.
La sentencia representó un avance clave en la reconstrucción del plan sistemático de represión contra el movimiento de las Ligas Agrarias. Los jueces señalaron que estas organizaciones nucleaban a pequeños productores y campesinos marginados del modelo económico de la época, y que fueron blanco de una política represiva que incluyó hostigamiento, secuestros, torturas y asesinatos, muchas veces encubiertos como supuestos enfrentamientos.
REVISTA LITIGIO
