La intención es compensar a las casas de altos estudios, que reclaman mayor presupuesto desde hace meses. La iniciativa ingresaría por decreto y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes.
El Gobierno sumará el envío al Congreso de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio. La decisión se conoce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma actual, mediante la cual debe actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades.
En los últimos días, funcionarios del Presidente Javier Milei comenzaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas. La intención es “garantizar viabilidad fiscal” y al mismo tiempo responder a los reclamos históricos del sector.
En este sentido, el Gobierno trabaja en una nueva ley, que no busca derogar el esquema financiero actual, sino modificarlo. En este punto será vital construir el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma que reemplace la anterior.
Según trascendió, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario. El Ejecutivo apunta a sumar a la nueva ley al temario de las sesiones extraordinarias por decreto, pese a que el reglamento de Diputados sostiene que debe votarse en el recinto.
El decreto en cuestión se firmaría en las próximas horas y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes. También se formalizará allí la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero.
La jugada del Gobierno se produce luego de que en las últimas horas se lograra la aprobación de la reforma laboral en el Senado; y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil, donde también dieron el visto bueno al acuerdo del Mercosur.
La estrategia apunta a resolver dos frentes de una sola vez: la discusión presupuestaria por un lado y, al mismo tiempo, desactivar las discusiones legales y judiciales abiertas, para así también evitar sanciones penales.
Para ello, en el Ejecutivo trabajan sobre la “viabilidad” de la ley. Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, para pulir los detalles de la norma.
La Ley de Financiamiento Universitario se votó en 2024 y fue aprobada por ámbas cámaras. No obstante, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso la ratificó. Dicha norma es la que el Gobierno pretende reemplazar por una nueva.
