Recientemente, la Ordenanza N° 15522 ha generado debate en la ciudad de Resistencia. Esta ordenanza establece un aumento salarial del 15% para los funcionarios municipales, incluyendo secretarios, concejales e intendente. Al mismo tiempo, se otorgó un aumento del 12% a los trabajadores del municipio.
Esta diferencia en los porcentajes de aumento ha suscitado críticas. Algunos sectores de la comunidad han expresado su preocupación ante lo que consideran una distribución desigual de los recursos. Se argumenta que la diferencia de 3 puntos porcentuales entre el aumento de los funcionarios y el de los trabajadores es injusta, especialmente considerando la existencia de un bono extra para los funcionarios.
La ordenanza lleva la firma de Alejandro Aradas, actual concejal y aspirante a la intendencia en las próximas elecciones. Este hecho ha añadido un componente político a la discusión, con algunos acusando a Aradas y a otros miembros del concejo de priorizar sus propios intereses sobre los de los trabajadores municipales.
Otro punto de controversia es el uso de vehículos municipales. Se ha denunciado que funcionarios de alto rango tienen a su disposición camionetas 4×4 nuevas con vales de combustible, mientras que otros funcionarios utilizan motocicletas adquiridas por el municipio. Estas denuncias han alimentado el debate sobre la transparencia y la equidad en la administración de los recursos públicos.
Este tema del aumento salarial y la asignación de recursos pone de manifiesto la importancia de un diálogo abierto y transparente entre las autoridades municipales y la comunidad. Es fundamental que se aclaren las razones detrás de la diferencia en los aumentos y se garantice una distribución equitativa de los recursos para el beneficio de todos los ciudadanos de Resistencia.
