El presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Darío Gómez, aseguró que la iniciativa del gobierno libertario no tiene ningún basamento en estadísticas y que está probado que los delitos cometidos por menores de edad vienen disminuyendo en Argentina. Citó como ejemplo las reformas por el caso Blumberg, “que lo único que trajo fue mayores problemas”.
Para el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Darío Gómez, el proyecto del gobierno de Javier Milei para reducir la edad de punibilidad a los trece años “es una posición demagógica” a partir del brutal asesinato del joven Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe. En ese sentido, advirtió que, además, la iniciativa “tiene que ver con una continua y permanente serie de iniciativas que hacen a la restricción de los derechos humanos” desde la asunción del presidente Javier Milei, con el cierre de espacios de políticas públicas en discapacidad, memoria y género, así como el despido de personal estatal en esos ámbitos.
“Este proyecto tiene que ver con una fantasía, está basado en Narnia, como digo yo, porque realmente, por lo general, los proyectos de ley o de reforma de algo tan sustantivo como es el sistema penal, tiene que ver con estadísticas, con sucesos”, subrayó Gómez, en declaraciones a CIUDAD TV.
El presidente del Comité contra la Tortura del Chaco aclaró que “nadie niega la importancia de revisar el sistema penal en general porque es un sistema viejo, que ha tenido parches que lo único que demostraron es que no sirvieron, los parches fueron todos regresivos, como la ley Blumberg en su momento, después la ley Petri, todos fueron para atrás en términos de edades, fuimos retrocediendo en ese sentido”.
“Estas son medidas que tienen que ver con el mayor punitivismo que viene, sobre todo la que más pregona, pero no es la única, por supuesto, fue la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich, actual senadora, que es un poco la vocera de este alineamiento, pero en realidad es una posición política”, insistió.
La realidad va en sentido contrario al gobierno libertario
Gómez citó un informe reciente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que revela una disminución del 22% en la tasa de delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes entre 2020 y 2024, tendencia que se mantiene. “El informe es muy claro: habla de una mayoría absoluta que tiene que ver con delitos contra la propiedad (cerca del 70%) y un 20-30% contra las personas; los delitos por estupefacientes no superan el 5-6% de los casos”, detalló.
En ese contexto subrayó que, a nivel nacional, hay 4.119 niños, niñas y adolescentes bajo medidas judiciales, de los cuales solo unos 800 se encuentran en régimen de privación de la libertad. El 95% de estos casos se concentra en cinco jurisdicciones: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y la amplia mayoría son varones.
“Me parece que es un debate muy importante, que el gobierno, si lo quiere poner a la mesa, que lo ponga, pero para debatir, para recibir propuestas y para buscar reformas y salidas que realmente beneficien a la población y que no haga uso de una situación muy trágica que todos conocimos y repudiamos, por cierto, pero que se utiliza eso para seguir avanzando en medidas punitivas”, recalcó el presidente del Comité contra la Tortura del Chaco.
Sobre el debate parlamentario, señaló que “quiero creer que en el Congreso hay personas de bien, como le gusta decir a mucha gente, que se van a oponer a este tipo de medidas, porque cualquiera que se ponga a leer y a profundizar en este tema que estamos hablando, se va a dar cuenta que la salida no pasa por ahí, que es una posición demagógica en virtud de un hecho aberrante, como en algún momento yo citaba el caso Blumberg, que lo único que trajo fue mayores problemas para la política argentina”.
El ajuste en el Chaco
Por otro lado, Gómez se refirió a la actualidad que se vive en las cárceles y comisarías de la provincia del Chaco. “Acá no venimos mejorando, lamentablemente el servicio penitenciario chaqueño viene en deterioro, al igual que lo que nos pasa a nosotros, también a ellos. Hay un retaceo y un recorte muy significativo del esquema presupuestario que tienen las jurisdicciones y eso no escapa a las políticas de seguridad, en este caso para hablar del servicio específicamente”, explicó.
En ese contexto, recordó que “han sido dadas de baja una cantidad importante, 200 personas del personal civil que estaba contratado en el servicio, que es un dato que por ahí la población no lo sabe, ese personal civil, en un 90% prácticamente, son todos profesionales que integran los equipos interdisciplinarios de los servicios penitenciarios. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos un incremento de demanda, en lo que lo venimos diciendo hace rato por parte de los privados de libertad, del servicio de salud mental. Y muchos de esos 200 fueron psicólogos, fueron dados de baja”, sostuvo.
“Hay un problema muy serio, el incremento de los suicidios en contexto de encierro tiene que ver con esta situación específica. Entonces, por dar un ejemplo, empezando por eso, si el Estado en vez de reconocer esto, ponerle la lupa y, digamos, robustecer esa parte del servicio, no lo hace, vamos a tener más dificultades”, reflexionó.
Con respecto a los recursos del Comité local para este 2026, Gómez advirtió que “nosotros tenemos una baja muy significativa en el presupuesto. Estamos en este momento con un presupuesto que retrocedimos dos años para atrás, por lo menos. Va a ser muy difícil poder cumplir cabalmente con los objetivos mínimos que nos proponemos en la gestión. Hemos pedido audiencia con las autoridades provinciales para poder debatir esto”.
Revista Litigio
