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CORRUPCION

Escándalo por la Pauta Oficial: Zdero ya gastó $800 millones en publicidad en solo 21 días

Mientras hospitales colapsan, las escuelas se caen a pedazos y el INSSSEP no da respuestas

En un hecho de extrema gravedad institucional, el Gobierno del Chaco, encabezado por el gobernador Leandro Zdero, ya habría destinado $800 millones a publicidad oficial en apenas 21 días de enero de 2026. El dato no solo resulta obsceno por su magnitud, sino que desnuda con crudeza cuáles son las verdaderas prioridades de la actual gestión.

Mientras millones de pesos se dilapidan para sostener una maquinaria propagandística destinada a maquillar una gestión deficitaria, la realidad en la provincia es devastadora: hospitales sin medicamentos ni insumos básicos, escuelas en estado de abandono, y afiliados del INSSSEP atrapados en un sistema que no ofrece soluciones ni respuestas.

La situación se volvió aún más escandalosa cuando la ministra de Educación declaró públicamente en un medio de Resistencia que “los recursos no alcanzan para sostener los edificios escolares”. La afirmación no resiste el menor análisis. Los recursos existen, pero el problema es otro: se están gastando donde no corresponde. Decir lo contrario es faltar deliberadamente a la verdad.

El gobernador Zdero prometió en 2023 escuelas en condiciones dignas. Hoy, a dos años de aquella promesa, la realidad es incontrastable: no cumplió. Y no se trata de una excepción, sino de una constante que atraviesa a toda la gestión.

Los números del 2025 refuerzan esta denuncia. Durante ese año, el Gobierno Provincial habría destinado más de $16 mil millones a publicidad oficial. Con ese monto se podrían haber abonado al menos tres Cláusulas Gatillo y otorgado aumentos salariales reales al conjunto de los empleados públicos. No lo hicieron.

La conclusión es inevitable: la prioridad del Gobierno Provincial no es la salud, ni la educación, ni los salarios, sino la propaganda y el blindaje mediático. Mientras tanto, miles de chaqueños sobreviven con sueldos de miseria, servicios públicos degradados y derechos básicos vulnerados.

El uso de los fondos públicos exige explicaciones urgentes. El silencio oficial no hace más que agravar la sospecha.

Esto recién empieza. Continuará…

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